En el encuentro, el presidente del IPPIS, Héctor Fabián, junto al vocal, Miguel Siares y al abogado, Anastacio Vilca Condorí, plantearon la necesidad de la conformación de un Comité de Crisis que atienda específicamente la problemática que enfrentan los pueblos originarios a raíz de la pandemia y tengan alguna respuesta integral del Estado, tanto provincial como nacional.
Los referentes sostienen que el coronavirus vino a agravar las condiciones de vida de los pueblos originarios, pero que desde antes conviven con diversos problemas, tales como el acceso a la propiedad de las tierras, uso del agua, salud, educación, cultura, trabajo, producción, medio ambiente, etc., que pueden ir solucionándose articulando políticas públicas que incluyan al sector.
Entre otras cosas, Siares planteó la necesidad de incrementar los controles de seguridad en lugares como Salar de Pocitos, Tincalayo, Tolar Grande, que son usados como pasos ilegales por transportistas de Chile, Brasil y Bolivia, afectados a la minería. Del mismo modo, se pidió más seguridad para la zona de Mecoyita en Santa Victoria Oeste.
Fabián dijo que en la reapertura del turismo interno no se consultó a las comunidades, y si bien se pone como beneficiarios a sus artesanos, se pudo observar que las ganancias son para las cadenas hoteleras, a lo que se agrega el poco respeto del visitante a los protocolos de seguridad.
Otro de los temas analizados fue el proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria, que está actualmente en el Congreso Nacional; la necesidad que Inmuebles registre a las tierras comunitarias y que Recursos Hídricos evite que las fincas desvíen cursos de agua para regadíos, dejando muchas veces sin el líquido fundamental a las comunidades.
