Los integrantes de la comunidad guaraní pertenecen a los parajes de Cuña Muerta, Yacuil, Zanja Honda, Tranquitas, Piquirenda Viejo y Piquirenda Estación.
“Venimos peleando desde hace un año, porque sabemos que los cupos para trabajar en la obra pública de Tartagal y Aguaray son digitados por agrupaciones que responden a distitntos partidos políticos, y a nosotros nos dejan relegados”, manifestó a Nuevo Diario, Eber Montenegro, referente de estos manifestantes.
Aseguró que “los municipios tienen la obligación de incluir mano de obra de las comunidades originarias, pero hace más de una año que no vemos participación, y somos más de mil los desocupados”.
Montenegro advirtió que frente al difícil contexto económico por el que atraviesa el país, se ven obligados a “rebuscarnos, mientras subsistimos con algo de agricultura”.
Nuevo Diario también dialogó con el Secretario de Asuntos Municipales, Miguel Calabró, quien recibió a los 15 miembros represnetantes de las mencionadas comunidades e indicó que “no podemos intervenir, porque se trata de contratos que los intendentes firman con las cooperativas” y señaló también “ellos quieren (los manifestantes guaraníes), que se les adjudiquen obras directamente, pero eso resulta imposible, porque el nexo es con los jefes comunales, y son ellos quienes organizan la distribución de las obras”.
En ese sentido Calabró informó que “la buena noticia es que las obras no se van a paralizar, a pesar del quite de los fondos de la soja”, y explicó que la provincia con fondos propios avanzará con obras que si bien no son de gran envergadura, brinda solución a los vecinos.
El mes de inicio de estas obras será febrero “esperemos que hasta ese momento los intendentes puedan sentarse y dialogar para responder a este problema que es de larga data”, finalizó el funcionario provincial.