El conflicto surgió en la última semana con originarios guaraníes quienes enojados por esas obras inconsultas impiden que operarios de la empresa privada continúen con la ejecución tendido de lineas de alta tensión en tierras propiedad de la comunidad, ubicadas a 5 kilómetros al sur de la localidad de Salvador Mazza.
Marcos Segundo, secretario general de la comunidad, afirmó a Nuevo Diario que la empresa o el Estado argentino jamás hubo una consulta previa a los caciques de la comunidad para realizar este trabajo en su territorio.
“Simplemente los empresarios se presentaron con los papeles de autorización y dijeron a los caciques de la comunidad que si o si debían firmar”, reveló Segundo.
Agregó que hoy a la mañana representantes de la empresa se presentaron e intimaron judicialmente a los caciques de la comunidad para avanzar con los trabajos. "Nosotros el lunes nos presentaremos en el Juzgado Federal de la Ciudad de Tartagal para realizar la denuncia penal contra la empresa por invadir su territorio sin autorización para que la justicia decida", expresó.
Obras de alta tensión
Según figura en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, la firma recibió la adjudicación de la obra en el marco del Acuerdo de Intercambio de Energía Eléctrica entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina, donde fue subcontratada por la empresa Ende Transmisión Argentina S.A. (ETASA), quienes les pagaban por la construcción de las estructuras necesarias para el tendido eléctrico.
En 2019, la edición N° 20.437 del boletín oficial publicada el 4 de febrero, en su sección de avisos generales citaba a los dueños de inmuebles para autorizar el paso de la línea de alta tensión por su propiedad. Sin embargo en esa publicación entre los citados no figura Eulalia Velazquez, cacique de la comunidad y persona que figura como titular de las tierras en nombre de la comunidad, y quien recibió el 29 de agosto de 2016 el titulo de territorio comunitario.
Resulta que la comunidad recibió el título comunitario en un acto oficial de parte del propio Luis Gomez Almaras, quien era en ese entonces, ministro de Asuntos Indígenas. Hoy como secretario de Asuntos Indigenas los integrantes de la comunidad lo acusan de que “no intervino para ayudar en el conflicto”.
Según la legislación vigente, la comunidad tiene derecho a una consulta pública, estudios de impacto ambiental y permiso correspondientes, antes de cualquier avance sobre su terrirorio o ejecución de una obra, para luego determinar su viabilidad para el uso de sus tierras.
Presiones de la empresa
Segundo reclamó que pese a la negativa de los miembros de la comunidad la obra avanzó por presiones de la empresa a los caciques y por esto decidieron frenar el trabajo de los obreros.
“Esta empresa aprieta a nuestros hermanos para que les permitan hacer su obra, lo que genera un conflicto interno, pero el rechazo de los miembros es total”, sostuvo.
Según el cacique Segundo, a metros de donde se encuentra el emplazamiento del tendido de alta tensión, ya se encuentra un gasoducto internacional, por lo que será imposible para la comunidad volver a habitar estos lugares.
“El tendido eléctrico pasa por donde gente tenía sus sembríos o pastura para sus ganados, quien se hace cargo de la perdida de estas personas, esa gente tuvo que retirarse del lugar”, explicó.
Consultado por la intervención de autoridades de Asuntos Indígenas de la provincia, el dirigente dijo que “son pagos, por lo que van a defender los intereses de quien los financie”.
“Continuaremos con estas medidas de bloqueo laborar a la empresa porque exigimos que el gobierno provincial respete la tierra de nuestra comunidad”, expresó.
Manifiesto de la asamblea de la Comunidad de "La Bendición" en contra de la obra de tendido eléctrico de la empresa Ese&CC S.A
