LA DEMANDA HABITACIONAL SEGÚN EL IPV

Once asentamientos deben reubicarse porque están en peligro

La demanda habitacional y el crecimiento poblacional en la provincia, aumentó en los últimos años de manera exponencial. Acceder a la casa propia se complica en la actualidad: “En Salta solo puede ser de la mano del IPV”, aseguró Sergio Zorpudes, presidente del Instituto Provincial de la Vivienda en el diálogo con Nuevo Diario.

NDS |

"Una deuda importante que tiene Salta desde hace más de 30 años es la regularización de los barrios populares", dijo Sergio Zorpudes del IPV.
"Una deuda importante que tiene Salta desde hace más de 30 años es la regularización de los barrios populares", dijo Sergio Zorpudes del IPV.

No obstante, reconoció que la demanda sigue siendo superior a la oferta, como así también que la gestión entrante deberá trabajar más en proyectar las nuevas urbanizaciones, y situaciones de asentamientos de emergencia que constituyen un verdadero riesgo para las familias allí instaladas, al tiempo que una erogación importante al momento de reubicarlas.

Déficit habitacional y barrios populares 

Si bien Zorpudes resaltó las nuevas grandes urbanizaciones en zona norte: Huayco (con más de 4800 casas); Pereyra Rozas (en donde aseguró que pueden establecerse cerca de 3 mi viviendas); al igual que en zona sur (El Bosque, Los Tarcos, etc), también habló sobre el importante deficit habitacional, “con un total de 5 mil inscriptos por año, y sin líneas de créditos bancarias, se hace todo mucho más difícil”, sostuvo el funcionario.

Por otro lado, agregó que “una deuda importante que tiene Salta desde hace más de 30 años es la regularización de los barrios populares”; y señaló que “de los 46 que tenemos en la ciudad, hay 11 que deben ser reubicados porque están en peligro”.

Asimismo, hizo referencia al diálogo abierto entre distintos sectores para llevar adelante esta tarea, que se espera se encuentre en la agenda de la gestión entrante: “Deben ser reubicados porque están en sectores donde urbanísticamente no se puede emplazar nada, como por ejemplo cerca de basurales, con peligro de inundación, plantas depuradoras”. 

En cuanto a las cifras en toda la provincia, el funcionario detalló que en 12 años de gestión  se entregaron 20.728 viviendas, de las cuales 9.300 fueron en los últimos años; mientras que las soluciones habitacionales fueron 15.700. En tanto que en ejecución quedaron 2 mil y 3 mil por licitar. 

Caso por caso en la Provincia

Nuevo Diario consultó a Sergio Zorpudes sobre los casos polémicos en la provincia, presente y proyecciones para cada problemática. Para Metán, y las 157 viviendas de la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna: un caso en el que las familias compraron el terreno, y el IPV se comprometió  con la infraestructura, si bien se firmó un acuerdo con esa intendencia, por falta de arribo de partidas presupuestarias, está todavía postergado el avance de las obras.

Para el caso de Cafayate, y del sorteo de 519 lotes en esa ciudad, y la oposición que prestaron numerosas familias, denunciando en la justicia irregularidades. Finalmente la denuncia fue desestimada y los lotes adjudicados.
En ese sentido, Zorpudes aclaró que los datos de cada una de las familias que se presentan como solicitantes, pasa por un sistema que cruza datos, y permite corroborar lo declarado en las solicitudes.

Finalmente, y en relación barrio Los Paraísos, en Cerrillos, una de las últimas urbanizaciones más importantes del área metropolitana, resaltó que todavía quedan terrenos sorteados que no están siendo habitados. Además, y en cuanto a los servicios, e infraestructura, recordó que es una tarea pendiente por parte de Obras Públicas de la provincia.

Cuotas actualizadas y morosidad

Zorpudes recordó que la actualización en los montos de las cuotas de las viviendas del IPV fue a partir de 2018, cuando se estableció que el parámetro sería el Coeficiente de Variación Salarial: “Es el mismo que el presidente Alberto Fernández analiza para el caso de quienes viven la pesadilla de los UVA”, dijo y agregó que para el caso de Salta, las cuotas máximas no superan los $4 mil. No obstante, hay un 37% de morosidad. 

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