El miércoles 12 de febrero, cinco mujeres jefas de hogar que pertenecían a la planta permanente municipal con una antigüedad entre 5 y 14 años, decidieron iniciar una protesta para que el intendente Enrique Martínez abriera el diálogo y les explicara el motivo del despedido.
Sin embargo, el diálogo nunca llegó y tras soportar lluvias, frío y necesidades las trabajadoras decidieron tomar un impasse y retomar la protesta en la ciudad, más precisamente en el Centro Cívico Grand Bourg.
“Estamos desilusionadas, no recibimos novedades, él (por Martínez) no quiere hablar con nosotras. Decidimos levantar la manifestación porque el toldo es de tela y está lloviznando y los hijos de nuestras compañeras que nos acompañan no la están pasando bien.
El viento nos levanta los plásticos. Además sufrimos amenazas y no nos sentimos seguras”, señaló Carina Guaymás, una de las mujeres de la protesta. Contó que por sentirse amenazadas denunció en la comisaría local al intendente, a su esposa Nancy Gómez, a la responsable de Acción Social Carina Flores y a su esposo.
Éstos últimos viven al lado del edificio municipal. “Hoy (por ayer) vino el comisario con muchos policías por orden del fiscal porque habían llamado desde la Municipalidad diciendo que íbamos a tomar el edificio cuando somos solo mujeres y un bebé”, afirmó Guaymás.
Indicó que la protesta la continuarán en Casa de Gobierno porque para destrabar el conflicto presentaron una nota a la Gobernación desde donde citaron al jefe comunal y al diputado Ignacio Jarsún, pero que solo asistió el legislador.
Remarcó que además de haber sido despedidas sin causa, la Municipalidad no les realizó las liquidaciones e indemnizaciones correctamente.
“A algunos compañeros les pagaron bien y a otros no. A mí me dieron $2.000 y yo soy planta permanente desde el 2011.Tampoco nos pagaron adicionales ni horas extras. Es lamentable porque él no da la cara. Nosotras solo pedíamos tener un diálogo con él, pero su esposa decidió que no”, afirmó.
Aseveró que desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) les negaron la representación legal por no haber pagado la cuota sindical de febrero.
Desde la entidad gremial aseguraron que pelean por todos los trabajadores y que a la fecha lograron la reincorporación de más de cien empleados.
“Los que volvieron a ingresar están en negro y les pagan $6.000”, disparó Guaymás.
