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Desde Ambiente de la provincia nunca se llegaban a ver las máquinas que estaban desmontando, según los agentes de control que llegaban a la zona.
Fue finalmente la AFIP la que, al ir hasta el lugar en 2013, se dio con situaciones de esclavitud de quienes trabajaban en la finca y un desmonte que nunca había sido autorizado por la dependencia correspondiente.
Recién desde entonces se inició una causa y se pararon los trabajos, pero el finquero, al que ya se le había ordenado cesar con los trabajos, los continuó. Es por ello que al acuerdo llegó con una multa de 171 millones de pesos y una causa por desobediencia judicial.
La coordinadora de Bosques de Greenpece, Noemí Cruz, recordó que el de la finca de Karlen “fue uno de los más grandes desmontes ilegales de la historia de Salta: tardó 5 meses en ejecutarse con 18 topadoras, sin que el gobierno lo frenara.
“Lo denunciamos, posteriormente la AFIP realiza una inspección y constata trabajo esclavo”, recordó.
Reconoció, no obstante, que se puede tratar de “una buena medida, un precedente importante al que se llega luego de cinco años de denuncias y trabas de parte de Karlen.
Ahora debemos estar pendientes de realizar un seguimiento de la restauración del bosque y las demás medidas sociales determinadas por la Jueza, ver si realmente el desarrollo ganadero resulta sustentable.
Sin embargo, también correspondía una fuerte multa”, fue la opinión de la referente ambientalista.
Mientras, Karlen deberá también dar algunas soluciones sociales, dado que en el acuerdo se convino la participación e integración de comunidades aborígenes y familias que ya habitan los distintos parajes de la finca.
Su capacitación en materia ambiental deberá ser asumida por Karlen, como así también tendrá a su cargo las mejoras de las viviendas y servicios básicos de luz, agua potable y saneamiento de los puestos, el acondicionamiento y libre acceso a los caminos de acceso a cada puesto.
En caso de cesión a alguno de los actuales ocupantes criollos, solo podrá hacerlo si estos también asumen las obligaciones ambientales correspondientes a su porción del predio.
