De acuerdo a lo consignado por el sitio, las familias estuvieron asentadas desde hace 70 días en un descampado que no tenía uso en el pueblo.
Es el segundo desalojo que la comunidad sufre, ya que el primero se concretó el pasado 23 de julio, cuando la referenta Yamila Veleizán quedó detenida por varios días en la comisaría de Orán.
En la oportunidad se denunció que el desalojo también fue violento y que 18 personas, entre ellas 6 niños, resultaron con lesiones.
En esa oportunidad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) solicitó a la fiscalía que informe sobre lo ocurrido.
Magdalena Odarda, presidenta del INAI, señaló que la ocupación de las familias indígenas en esos terrenos data del año 2015, y que el desalojo por la fuerza se hizo sin que se exhiba orden judicial y que se utilizaron balas de goma.
El INAI manifestó así su preocupación por los hechos denunciados y pidió que se adopten las medidas necesarias para resguardar la integridad física de los miembros de comunidades indígenas, para propiciar el mantenimiento de la paz social en la emergencia económica, sanitaria y social del país.
Sin embargo, el miércoles pasado, a pesar de tener una negociación con la familia Manero, dueña de la finca del mismo nombre, que dice ser titular registral, esta terminó pidiendo el desalojo y el juez de Garantías Francisco Oyarzu, de la ciudad de Orán, convalidó el segundo desalojo.
El operativo se llevó adelante con 100 efectivos de Infantería y sorprendió a las familias que no opusieron resistencia.
Con empujones y golpes de por medio, desarmaron sus ranchos; algunos sufrieron heridas como el cacique Raúl Ceballos, quien se golpeó la cabeza con una viga, mientras la Policía amenazaba con detenerlo. Un joven que se acercó al comisario para pedir que le muestren la orden de desalojo fue detenido.
A pesar del primer desalojo, las familias guaraníes continuaron asentadas con la esperanza de comprar la tierra en cuotas para la comunidad.
