Los jueces Humberto Antonio Sierra Porto y Patricio Pazmiño Freire, realizarán una recorrida por el pueblo ubicado en el departamento Rivadavia, para hablar con los miembros de las comunidad originarias y criollas que están en disputa de esa tierras.
Será la primera primera vez que la Corte Interamericana, máximo tribunal mundial, viene a la Argentina para resolver una demanda en Salta que ya tiene décadas (se inició en 1984), cuya base fundamental es el pedido de las comunidades del reconocimiento de su territorio comunitario a fin de poder desenvolver su vida según su cultura.
Esta situación se ve comprometida por el desarrollo que realizan habitantes criollos que son pequeños productores de ganado, y como tales alambraron parte del territorio impidiendo el paso de las comunidades originarias.
La audiencia pública entre la Asociación de Comunidades Indígenas, Lhaka Honhat, que demanda al gobierno provincial y el Estado Argentino, fue el 14 de marzo pasado.
El pedido de las comunidades es el reconocimiento de 400 mil hectáreas de territorio comunitario, mientras que se solicita que 243 mil restantes queden para los criollos.
Pese a que en 2014 el gobierno de Juan Manuel Urtubey firmó un decreto con la intención de entregar este territorio, la posición de la provincia en la audiencia pública sostuvo la defensa de comunidades criollas que quieren quedarse en el lugar, es decir, no ser reubicadas fuera del territorio que reclaman los indígenas.
A ello la fiscal de Estado, Pamela Calletti, quien fue en representación de la provincia, agregó que es preciso contar con más tiempo dado que se debe generar infraestructura para realizar las debidas reubicaciones de las familias criollas.
Para Gervasio Barbier, CPI del Pueblo Wichí, este tipo de argumentos del gobierno provincial va “En contra de lo que se dijo en un principio”.
El dirigente denunció ayer que, además, funcionarios de tercera línea del Ministerio de Asuntos Indígenas, habían estado visitando a las comunidades en Santa Victoria Este a fin de que sostuvieran que no se sienten representadas por Lhaka Honhat, y así poder entorpecer la interpretación de los jueces en terreno.
Al hacer las consultas, los funcionarios dijeron que en realidad lo que se hacía era aclarar que había más de una reunión y las comunidades podían decidir a cuál iban: si a la de los caciques que será mañana en Santa María, o a la de las Organización de Familias Criollas (OFC), en Santa Victoria Este. Ello, dijeron, porque es lo establecido por la notificación de la Corte.
