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PIDEN ESTUDIO DE TÍTULOS

Imputan a originarios por el conflicto con la bodega Puna en Cachi

La Fiscalía decidió imputar a los nueve miembros de la Comunidad Diaguita Calchaquí que sufrieron una represión cuando se aprestaban a defender su reclamo sobre el territorio en disputa con la Bodega Puna, en el lugar llamado La Aguada, en Cachi.

NDS |

Los nueve integrantes de la comunidad diaguita de Cachi imputados junto a sus abogados a la salida de la audiencia con la jueza.

Según indicaron los originarios imputados, la medida judicial se concretó ante la falta de un acuerdo que implicaba aceptar renunciar a su demanda sobre el territorio que reclaman.

El abogado de la comunidad, Martín Plaza, sostuvo la necesidad de hacer un estudio de títulos en las tierras desde el momento que pasan a manos de los primeros titulares hasta llegar al momento de la venta. 

La Fiscalía Penal 6, delegación Cachi, a cargo de Ana Inés Salinas, fue la que dispuso ayer la audiencia en la delegación fiscal ubicada en el barrio Solidaridad, imputar a 9 miembros de la comunidad por distintos delitos.

Los imputados son  Norberto Martín Humana, Néstor Ismael Casimiro, Nemesio Fabián, Amalio Fabián, José Condorí, Miguel Ángel Plaza, Ulises Yanez, Dora Siarez, y Walter David Fabián.

Los hechos y las imputaciones

A Humana, Casimiro y Nemesio Fabián se les imputó usurpación por alteración de los límites; a ellos y Amalio Fabián, Condorí, Plaza, Yanez y Siarez se les imputa usurpación por despojo. Y a todo ese conjunto se suma a Walter David Fabián por el delito de daño agravado e impedimento de normal funcionamiento de transporte por tierra. A Humana, además, se le suma el delito de  lesiones leves calificadas a un policía.

El territorio en disputa

El 14 de enero pasado los miembros de la comunidad tomaron una parte del territorio en disputa y denunciaron a Javier Montero Alesanco al indicar que ese lugar era parte de su territorio relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

El 17 de enero, quien detenta los papeles de las tierras, Montero Alesanco, denunció a los diaguitas. 

Esta fue la única denuncia que prosperó por la cual se llevaron adelante negociaciones, sin que se dé lugar a las acusaciones realizadas por las comunidades.

En el medio de esa mediación y con una medida de no innovar (es decir, de no modificar nada en el terreno), hubo una represión policial sobre la comunidad que impedía el paso de máquinas de la empresa.

Desistir de su reclamo

Una consecuencia de ello fue el fracaso de la mediación en donde “apretaban a la comunidad para que desistan del reclamo sobre el territorio”, dijo Plaza a Nuevo Diario tras salir de la audiencia. 

Recordó que el actual titular compró las tierras pese a que el relevamiento del INAI ya estaba realizado, y no se lo reconoció. “Quizás fue un error de los anteriores titulares registrales que tras haberse hecho el relevamiento no presentaron oposición”, explicó Plaza al indicar que en parte del proceso que se realiza cuando se hacen los relevamientos, es que aquellos que dicen ser titulares registrales deben presentar sus respectivas objeciones. 

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