El reclamo era por una serie de irregularidades en el IPPIS, que según indicaron miembros de estas comunidades, siguen sin tener resolución, ni existen investigaciones abiertas pese al cambio de gobierno.
Así lo indicó la traductora wichí Sandra Pisco, en el diálogo con Nuevo Diario, y recordó aquél violento 7 de febrero en la ruta nacional 34, a la altura del paraje Cuña Muerta, donde llevaban adelante un reclamo y pedido de investigación por las denuncias sobre un supuesto desvío de fondos nacionales para viviendas para estas comunidades, además de otras observaciones sobre del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) de gestiones anteriores.
“A través de esa represión donde nuestros hermanos sufrieron discriminación, torturas y burlas, si bien se intervino la parte contable del IPPIS, hasta el momento seguimos con la situación sin resolver”, señaló Pisco.
Agregó que esto ocurre “desde que estaba Edith Cruz ahora con Verónica Figueroa continuamos con los mismos reclamos, y viendo como los vocales imputados en causas de corrupción siguen ejerciendo poder”.
“Lamentablemente son estas mismas personas involucradas en causas de corrupción, las que después se reúnen con altos funcionarios, hacen convenios en área de educación, analizan el tema de becas y hasta hablan sobre la educación intercultural”.
Pisco recordó aquel del enfrentamiento con Infantería en el que fue brutalmente maltratada y detenida por Infantería; además del balazo que recibió un manifestante que le quebró la pantorrilla.
También relató aquel momento en el que a un cacique de Coronel Cornejo (de unos 60 años) una bala le rozó la cabeza provocándole una herida con abundante sangre: “Pasó un año y nadie nos escucha”, recalcó .
Irregularidades confirmadas
Las denuncias a las que hizo referencia Pisco, sobre presuntas irregularidades en el IPPIS son de larga data. Ya en el año 2017 el abogado Sergio Heredia había presentado una denuncia penal contra la ex presidenta, Romelia Durán, y Marcela Castillo (entre otros) en el Juzgado Federal de Orán, sin embargo, el proceso no avanzó porque según indicó el propio Heredia “la Justicia Federal de Orán y la de Tartagal se patean la pelota”, dejando entrever además que existía una suerte de “protección política a los denunciados”.
En tanto y por su parte, la Auditoría General de la Provincia en un informe confirmó irregularidades en el ejercicio de 2017, razón por la cual intervino el área contable del IPPIS en 2017, además de la observación de otras desmanejos de fondos nacionales.