Los damnificados atraviesan momentos de angustia e incertidumbre tras recibir esa notificación legal del Juzgado en lo Civil y Comercial de 11º Nominación.
El referente de esta comunidad, David Torres en el diálogo con medios locales explicó la situación: “Nuestra comunidad tuvo el reconocimiento de las tierras en el 2014, a través de la Ley 26.160 que es una ley que ejecuta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y que parte de un derecho constitucional que reconoce la preexistencia de las comunidades indígenas antes que el Estado, y por ende reconoce sus tierras”, dijo.
Qgregó que una fracción pertenece a la familia Fernández, que es la que recibió la intimación, pero que en esas tierras viven seis familias más: “En el 2016, la Cámara de Diputados hizo una donación de estas tierras, con todas estas familias adentro, para un club social y deportivo”.
En ese sentido, Torres manifestó su preocupación ante el avasallamiento de los derechos de las familias sobre las tierras, en las que producen y de las que viven: “Sin tener en cuenta que la familia no sabe qué hacer con esta notificación de desalojo y remate de sus bienes”.
“Nos declaramos en Asamblea Permanente para defender los derechos de la comunidad, y así lo informamos a la justicia”, sostuvo el presidente de la comunidad: “No tenemos nada contra el fútbol y las prácticas deportivas, pero no entendemos por qué nos dejan sin nuestra tierra para vivir, para desempeñar las actividades de las que subsistimos, no tiene nombre lo que esas familias están viviendo”, advirtió detallando que en el caso de la familia Fernández, uno de los integrantes es un adulto mayor, que se encuentra “profundamente angustiado” y agregó que “estamos unidos y vamos a resistir cueste lo que cueste”.
Torres aseguró que continuarán en Estado de Asamblea y que ya recurrieron al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para que tome cartas en el asunto: “Tenemos un derecho sobre estas tierras que es ancestral y que debe respetarse”, sostuvo.
