El intendente de Tartagal, Mario Mimessi, presentó la semana pasada ante el Concejo Deliberante el proyecto de presupuesto 2022, con la ejecución de partidas y gastos que tendrá el municipio en el corriente año.
Ediles opositores denunciaron públicamente un incremento del 50% de la unidad tributaria municipal, hecho que reconoció el secretario de Hacienda de la ciudad norteña, Sergio Jure, quien afirmó que la suba impositiva responde a una compleja situación económica que afronta el municipio, agravado por la crisis inflacionaria que afronta el país.
Cabe destacar que la unidad tributaria cuesta $10, y con el aumento previsto por el proyecto de la Municipalidad, se llegaría a $15.
Jure informó a Nuevo Diario que el municipio es dependiente de los fondos coparticipables que vienen de provincia, y que en las proyecciones presupuestarias un 86% está destinado al funcionamiento municipal.
Dentro de este monto están contemplando los sueldos de los trabajadores que representan el 80% de las arcas municipales y un 6% destinado al pago de servicios.
Todo lo que compete a obra pública, contención social y cualquier tipo de política pública debe dividirse entre el 14% restante.
Jure explicó que la mayoría de los fondos se ejecutaron en la conexión de servicios públicos como luminarias en asentamientos periféricos del municipio que no tenían acceso.
Si bien reconoció que se han realizado obras como cordón cuneta, la mayoría se hicieron con fondos provinciales gestionados por el mismo Mimessi, por lo que muchas de ellas no están contempladas en planificación presupuestaria.
Actualmente, los empleados de planta permanente del municipio ascienden a 500 personas, sumando 1000 empleados contratados o temporarios.
La cifra muestra una crisis en la autonomía de uno de los municipios más grandes que tiene la provincia, y donde aristas fundamentales como la obra pública dependen de la capacidad de gestión del intendente y la voluntad política de un gobierno provincial.
La dependencia provincial
El hecho que los municipios no cuenten con autonomía financiera y que los fondos coparticipables en su mayoría van a cubrir sueldos estatales, genera dependencia del gobierno de la Provincia, sumado a que es una herramienta para doblegar voluntades políticas y extorsionar dirigentes.
Daniel Moreno, presidente del Foro de Intendentes de la Provincia, ya había mostrado esta alarmante situación cuando en dialogo con este medio, confirmó que 53 municipios, casi la totalidad de los existentes, necesitaban de asistencia financiera de la provincia para afrontar el pago de los aguinaldos y de los bonos de fin de año acordados con los sindicatos.
Nestor Parra, intendente del municipio de Guachipas, informó que desde el Ministerio de Economía le realizan adelantos que luego el municipio debe devolver en cuotas, para poder llevar a cabo estos compromisos.
En el caso de Tartagal, en marzo del 2021 se cerraron paritarias donde se acordó un bono de fin de año de $16.000 en dos pagos, uno en diciembre y el otro en enero.
