Según se pudo conocer la orden de que la Policía desaloje del lugar a los originarios fue de la fiscal María de los Ángeles Juárez Matar.
De un lado, se veían palos, boleadoras y hondas. Del otro, uniformes, cascos y cachiporras.
El conflicto se dio en una finca que para la comunidad es parte del territorio ancestral revelado ya incluso por los equipos técnicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Sin embargo, quien aparece como titular registral de las tierras, Javier Montero, esas tierras son suyas tras haberlas adquirido en 2011, tras la compra que realizó a las herederas de las tierras de apellido Michel.
El emprendimiento de Montero es una bodega, denominada Bodega Puna, que según un convenio con la provincia, se habría iniciado en 2017.
Ambas partes reconocieron que en los 8 años que pasaron hasta ayer nunca habían existido conflictos. Un técnico que trabaja en la zona, dijo a Nuevo Diario que existía una suerte de preacuerdo entre Montero y la comunidad sobre la zona en disputa: un canchón que se utiliza para el secado de pimentón.
En lo que coinciden ambas partes también, es en el hecho de que hubo miembros de la comunidad que trabajaron con Montero mientras se construía la bodega para ponerla en marcha.
La gran diferencia
En una entrevista con Radio Nacional (único medio con el que ayer quiso acceder a una nota), Montero aseguró que cuando compró las tierras el conflicto era inexistente. Reiteró en al menos cinco ocasiones que el "título y la posesión eran perfectos", al momento de adquirir las tierras.
Por su parte, las autoridades de la comunidad sostuvieron que existe un acta en la cual se dejó por escrito que el finquero reconocía el territorio ancestral, al momento que la comunidad permitía poner el obrador que necesitaba para construir la bodega en el lugar que hoy se disputa.
Una bodega con beneficios fiscales
Desde el 27 de junio de 2017 la Provincia benefició a la empresa M Agropecuaria SRL representada por María Carla Morizzio (según la cédula parcelaria, la esposa de Montero) para la instalación y puesta en funcionamiento de la Bodega Puna, cuyo objetivo es la producción de vinos de alta gama, con una inversión total de 23.584.593 pesos.
La Provincia entonces decidió a través del convenio otorgar la exención del pago del impuesto a las actividades económicas y sellos por 8 años en un 100%.
A ello sumó, además, certificados de crédito fiscal por 3.500.000 de pesos. Estos sirven para afrontar impuestos provinciales, y se puede otorgar a terceros.
