Su abogado de parte de los herederos, Marcelo Torrente, dijo a Nuevo Diario, que la detención se generó el sábado pasado cuando Robledo impidió el paso a las máquinas de la empresa High Luck Group Limited - Pampa Energía SA, a cargo del proyecto de perforación del pozo exploratorio "Los Blancos", en el área Chirete.
Sucede que en casos como la minería o los hidrocarburos se dispone que la provincia tiene en su posesión todo aquello que surge del subsuelo, por más que en la superficie esté habitada y de allí surgen los permisos.
Ayer, en tanto, la familia Robledo recibió un informe de la Secretaría de Energía en el cual se hicieron diversas observaciones tras una inspección realizada el 24 de mayo pasado.
La disposición sostiene que se debe "intimar" a la empresa a acondicionar el lugar dado que se observó: residuos vegetales dispersos a lo largo del camino de acceso. Cañerías dispersas en los laterales del camino de acceso. La gestión de todos los residuos es inadecuada. Mal funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes. Falta de conocimiento sobre el destino de los tanques de combustibles retirados. Signos de presencia de animales en la locación. Incumplimiento del retiro los residuos peligrosos contenidos en una de las piletas por lo que deberían ser retirados de forma inmediata, entre otras irregularidades.
Desacuerdo en los pagos
El problema se generó por el incumplimiento de pago por parte de la empresa. Este pago es indemnizatorio por picadas y puesta en funcionamiento de la exploración en un sector de la finca. En principio dos de los herederos de la finca se presentaron en un juzgado de Orán para desplazar al hasta el año pasado, administrador judicial de la finca que está en juicio sucesorio.
En una audiencia a la que Torrente aseguró, fueron solamente dos de los 8 herederos de las tierras, se hizo el cambio de administrador.
La nueva administradora, Romina Aida Tapia, puesta por una jueza de Orán, fue propuesta por sólo una de los ocho herederos y fue quien acordó un pago de 250 mil pesos en concepto de "la indemnización que corresponde a la constitución de servidumbre", y "los derechos de acceso, la ocupación parcial del fundo con la creación de instalaciones y obras necesarias para el desarrollo de las actividades de exploración", y "daños emergentes y lucro cesante derivados de las tareas y la utilización de los elementos descriptos", dice parte del acuerdo.
Según surge de un estudio de impacto ambiental producido por un ingeniero agrónomo, se estimó que el valor indemnizatorio es de más de 1 millón 200 mil dólares.
Detenido por no obedecer
El impedimento del paso de la maquinaria de la empresa petrolera hacia la finca fue realizada por varios integrantes de la familia Robledo, pero sólo se llevaron a Jorge, quien fue trasladado a Morillo.
Pese a que esperaban para el lunes la audiencia de indagatoria, con la expectativa de que eso permitiese su próxima liberación, el traslado a Tartagal, primero, a Embarcación, después (porque supuestamente debía declarar), y las demoras en la atención de los hospitales para corroborar su estado de salud, causaron la imposibilidad de que le tomen la declaración indagatoria.
Esto generó que vuelva a Morillo detenido y recién pueda tener hoy su declaración.
Según entendió Torrente, esta es la segunda vez que Jorge Robledo es detenido por impedir el paso de las máquinas dentro de sus tierras.
La primera vez se trató de una demora en la Comisaría, con la advertencia de que podría ser detenido si volvía a impedir el paso de la Pertrolera. Sin embargo su hermano, Fernando, entendió que es "una persecución a él" de manera personal. Y es que no fue al único al que detuvieron la primera vez que hicieron la protesta.