La denuncia fue presentada ante la Secretaría de Sumarios de la Superintendencia que depende de la Corte de Justicia de Salta.
Díaz consideró que Sapag desarrolla una actividad comercial, concretamente la de "Servicios Inmobiliarios desarrollados por cuenta propia, con bienes inmuebles urbanos y rurales, propios o arrendados", según surge de constancias expedidas por AFIP y DGR Salta.
En los papeles que están en su poder, al menos aquellos de la DGR, desde donde indicó "se desprende claramente las distintas comisiones percibidas por dicha actividad".
Ello en razón de que entre 2016 y 2018 la jueza habría recibido comisiones y, por lo tanto, pagado el porcentaje de impuesto ante la actividad realizada. Al ser consultadas, fuentes judiciales negaron que la jueza ejerza otra actividad y, por el contrario, dijeron que esas alícuotas surgen del cobro de arriendo sobre las tierras que la jueza heredó.
Por su parte, Díaz pidió investigar esta faceta dado que en caso de haber una incompatibilidad, como indica en su denuncia, Sapag "no puede ser jueza y parte". En tanto, la magistrada intervino en muchos juicios en donde se disputaban derechos sobre inmuebles.
Por otra parte, pero vinculado con la circunstancia denunciada, agrega que la jueza tramitó un juicio por "acción de reivindicación" de una finca que ocupaba el dicente con su familia desde el año 1968, que el mismo se inscribió en el Registro de Pequeños Productores para ampararse en la ley Nº 7658 que prohíbe el desalojo de los campesinos en su artículo 9º.
Pese a ello, la jueza ordenó el desalojo el 26 de septiembre lo que, dijo Díaz, le generó "muchos perjuicios económicos y morales", ya que en esas tierras vivió toda la vida su familia.
Si bien desde la Cámara de Diputados se entendió que en el caso se debería haber aplicado la Ley, desde la Secretaría de Justicia de la provincia aún se analizaba el caso.
