Ante ello, desde las comunidades criollas se expresó que precisan elevar una propuesta para establecer las condiciones de traslado para dejar sus actuales lugares de residencia.
La inspección de los jueces del máximo tribunal americano, Humberto Antonio Sierra Porto y Patricio Pazmiño Freire, se decidió tras la audiencia pública que tuvo lugar el 14 de marzo pasado. En esa convocatoria, el Gobierno de la provincia representado por la fiscal de Estado, Pamela Calletti, dejaba entrever su imposibilidad de cumplir con los tiempos para generar los traslados.
Ayer, en el terreno, los jueces escucharon por ejemplo a Alcides Ceballos, quien había firmado el acuerdo de reubicación en 2010. Recién reinició su traslado hace dos años y hasta el momento no puede trasladar su ganado vacuno al lugar por falta de condiciones para poder garantizar el alimento de sus vacas. Hasta el momento, según indicaron fuentes que estuvieron en la recorrida, sólo cinco familias fueron trasladadas a las 243 mil hectáreas destinadas para ellas. El caso de Ceballos sería el más avanzado.
A la existencia de ganado en el territorio que disputan los integrantes de las comunidades indígenas, se suman los alambrados que precisan las familias criollas para la cría de animales.
Esto fue lo que más temprano pudieron corroborar los jueces al visitar el territorio de las comunidades ubicadas cerca de Santa María.
La recorrida al puente internacional de Misión La Paz, en tanto, fue previsto ante lo establecido al inicio de la demanda: la falta de consulta previa, libre e informada, además del conocimiento de los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS), que solicitaban las comunidades al momento de construir el puente.
Allí las comunidades relataron, entre otras cosas, la situación de peligro que viven por el tránsito sin control.
