Es decir, en una zona de mediano nivel de conservación que no puede ser deforestada. Pese a que el desmonte es en ese departamento, la convocatoria tendrá lugar en Joaquín V. González, departamento de Anta.
Se podría pensar que la distancia del desmonte respecto de la ciudad más cercana podría ser un argumento para hacer la convocatoria en un departamento ajeno a la deforestación a aprobar. Sin embargo, según surgió del expediente que fue revisado por los miembros de la Fundación Refugio, las matrículas N° 5.414, 5.417, 5.423 y 5.424, afectadas al desmonte, se encuentran a 47 kilómetros al sureste del pueblo de Rivadavia, mucho más cerca que J.V. González, ciudad ubicada a los 143 kilómetros al Noreste de la zona a deforestar.
El pedido de desmonte fue iniciado en 2015 por la empresa CRESUD que tiene por objetivo ejecutar al menos tres módulos productivos, o sea a desmontar en tres etapas, 7559 hectáreas netas, con una reserva de 3.305 hectáreas.
Según el análisis de la Fundación, esas más de tres mil hectáreas de reserva se ubican en la zona que es amarilla y, por lo tanto, en un lugar que por disposición legal no debería ser desmontado. En el detalle de la convocatoria se indica que se dará la "habilitación de 2.904 hectáreas netas en la primera etapa, 2.901 hectáreas netas en la segunda etapa y 1.754 hectáreas netas en la tercera etapa, con 3.305 hectáreas de protección y reserva, quedando supeditada la habilitación de los módulos a control, monitoreo y aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de un Informe Circunstanciado a cargo del proponente".
Llamó la atención que al haberse iniciado el expediente del desmonte en 2015, cuando la gestión de la Secretaría de Ambiente estaba a cargo de Gustavo Paul, no se haya solicitado un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS), actualizado.
En cuanto al desmonte, este coincide con la zona verde del OTBN, donde se permite el desmonte.
