Esta situación se ha profundizado con la pandemia por Covid-19 y es por ello que la entidad detalló que quieren visibilizar los recientes episodios de violencia, intimidación y amenazas que perturban sus derechos a vivir con tranquilidad, de acceso a la tierra, a la identidad, a vivir conforme a sus pautas culturales y formas ancestrales, a gozar de sus recursos naturales y a que se respeten sus instituciones.
Edith Martearena, miembro de ARETEDE, precisó que la mayoría de las situaciones violentas están judicializadas, pero que no han visto avances hasta el momento.
La alerta surge, además, por el acelerado incremento de casos positivos de Covid-19 en Tartagal, que pone en riesgo a las comunidades originarias por las condiciones de precariedad en las que viven y la desigualdad en el acceso al Sistema de Salud.
"Todos dicen quedate en tu casa, lavate las manos, utiliza agua y jabón, desinfectá cuando en las comunidades ni siquiera hay agua. Es contradictorio en las medidas que se deben adoptar por esta pandemia y la situación en la que viven los pueblos originarios", remarcó Martearena.
"Muchas familias originarias se enfrentan cotidianamente a dificultades para alimentarse, para acceder al agua, a la falta de trabajo y a la discriminación. Por eso nos preocupan las consecuencias que pueden traer la llegada del virus a nuestras poblaciones, y solicitamos a las autoridades las medidas e intervenciones necesarias para cuidar la salud colectiva", afirmó la referente.
En un comunicado que emitió ARETEDE señaló que la violencia hacia las comunidades originarias de Tartagal se ha recrudecido en los últimos tiempos y todas gracias, según ellos, a que quieren despojarlos de sus territorios y apropiarse de los recursos naturales. Además de que no se reconocen las identidades de cada pueblo, el derecho a mantenerlas y a definir prioridades de desarrollo.
Remarcan como un atropello lo ocurrido en la comunidad Imakta Necke Wichi, ubicada en el kilómetro 9 de la ruta nacional 34, el 20 de junio pasado, cuando la Policía se presentó y los amenazó con desalojarlos sin mostrar orden judicial, y sobre la cual nunca pudieron saber si efectivamente era verdadera.
"Esas comunidades están dentro de un territorio con conflictos fuertemente violentos porque esa zona hay una extracción (de recurso naturales) exorbitante", remarcó Martearena.
Consignan como otro atropello hacia la Comunidad Originaria Territorios Wichi, la tala indiscriminada de árboles y extractivismo, el cercado de sus territorios y el ingreso de ganado, a su territorio, además de las amenazas y amedrentamientos de la que son objeto por defender sus tierras. Afirmaron que recientemente se dictó una medida cautelar para frenar esas actividades.
La comunidad Las Palmeras también ha sufrido varios intentos de desalojo.
Semanas atrás las comunidades del Pueblo Weenhayek Kyelhyuktaj (El Quebracho) y O Ka Pukie (La Troja), ubicadas en el kilómetro 5 de la ruta nacional 86, se manifestaron solicitando el reconocimiento legal de la comunidad para poder gestionar el acceso a las tierras.
María Monserrat, titular registral del territorio que ocupan pidió el desalojo de las familias ahí asentadas. "Denunciamos este actuar ilegítimo que no solo amedrenta e impide a las 60 familias vivir en seguridad y dignidad, sino que desconoce su posesión y propiedad comunitaria, que fue relevada y declarada como tal por resolución administrativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas estando los desalojos suspendidos por Ley Nº 26.160", afirmaron desde ARETEDE.
Por último, la organización hizo foco en la amenaza que recibió la antropóloga Leda Kantor por parte de un cacique que trabaja en la tala de árboles.
Este hecho fue denunciado ante las oficinas de violencia de género, debido a que se cometió en un contexto de amedrentamiento e intimidación contra su condición de mujer activista.
Recordó también que los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la O.I.T. ratificado por Ley Nº 24.071, entre otras normativas.
