"Es un despeje", indicaron agentes que trabajan en la cartera dirigida por Carlos Oliver, al sostener que la Policía "desarmada", había sido en realidad atacada por los miembros de la comunidad.
"Hace como 50 años (quienes son titulares registrales), son dueños de la tierra y nunca se hizo protesta. Y sí viven comunidades son empleados de la bodega", explicaron al entrar en contradicción con la versión de Javier Montero, quien hace 8 años adquirió la titularidad de la finca.
Otra diferencia es que los voceros del gobierno aseguraban que Montero había donado las tierras a quienes viven dentro de los terrenos de la finca.
En una entrevista con Radio Nacional, Montero sostuvo que está dispuesto a entregar lo que corresponde a cada persona que vive en terrenos de la finca. Pero aclaró que ello aún es imposible por la falta de acuerdo entre los miembros de la comunidad.
Desde Seguridad también se afirmó que quienes actuaron en la protesta eran personas que "dicen ser de comunidades originarias", y descartaron que algunos de los que habían actuado en este corte residieran dentro de la finca.
Una vez más hubo al menos incongruencias con la versión de Montero, quien reconoció que hubo algunas personas que viven dentro de los límites de la finca en la protesta.
"Como será que había personas en la protesta que la autoridad máxima, Nemesio Fabián, que vive a 70 metros de la casa de Monteros, fue uno de los detenidos", dijo David Pastrana ayer a Nuevo Diario, al otorgar las últimas novedades desde la comunidad de La Aguada.
Por ahora, desde la comunidad están a la espera de la intervención del Ministerio de Asuntos Indígenas ante la fiscal Juárez Mattar a fin que se encuentre alguna instancia de negociación.
Montero mostró su malestar con la decisión de la fiscal por la liberación de los miembros de la comunidad, al sostener que se siente amenazado por lo que pueda ocurrir a futuro. En todo momento, además, destacó la labor de la policía en el operativo realizado.
