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ANALIZAN UNA DENUNCIA PENAL

Apareció un confuso registro de una camioneta municipal de Quijano

Se comprobó que una camioneta que pertenecería al municipio de Campo Quijano está registrada a nombre de un tercero que residente en la capital salteña, el concejal Ariel Gallardo solicitó un pedido de informe al jefe comunal para que esclarezca la situación.

NDS |

Una camioneta municipal de Campo Quijano apareció registrada a nombre de un particular en Salta. Piden informes al Intendente.

Una investigación realizada por el medio digital Nahuel Producciones de esa localidad, reveló que se trata de una camioneta 4×2 Ford Ranger, patente FVQ 961, que está registrada a nombre de Gregorio Raúl Arnez Ávila con domicilio pasaje E. Torino de esta ciudad y que tiene una calco de la Municipalidad de Campo Quijano. 

"La camioneta está a nombre de un ciudadano boliviano de apellido Ávila. Pude hablar con él y me dijo que nunca se la alquiló al municipio ni se la vendió a alguien de Quijano, sino a otro vecino de Salta capital", dijo a Nuevo Diario el concejal Gallardo que representa a la Unión Cívica Radical (UCR) dentro del Concejo Deliberante. 

Para el edil, es contradictorio que quien está como titular del vehículo asegure que no le presta servicio al municipio.

"También es probable que no se haya cumplido con la ley de contrataciones para contratar en forma directa y que la contratación sea irregular sin papeles al día o que el comprador sea a alguien del municipio, pero para no especular más pedimos el informe. En base a eso analizaremos si corresponde una denuncia penal", agregó. 

El requerimiento del concejal fue aprobado ayer y el Ejecutivo tiene cinco días para contestar. Sin embargo, precisó que el tema puede dilatarse debido a que muchas veces la presidencia del Concejo al responder al intendente, Manuel Cornejo, dilata los pedidos de informe. 

Concejales sin sueldos 

En otro orden de cosas, Gallardo detalló que por no cobrar sueldo del Concejo Deliberante se vio obligado a trabajar en una minera de la Puna. "En el 2017 los concejales saliente sacaron una ordenanza que disponía que el trabajo de los ediles era ad honorem, porque la situación del país era mala. Después pedí un informe al Banco Macro y nos dijeron que ellos se fueron con la dieta al día", señaló. 

Precisó que todos los ediles deben trabajar en otras actividades para mantenerse. "El año pasado aprobamos una ordenanza para tener una dieta de $15.000, pero el intendente aduciendo que el presupuesto decía que solo podíamos cobrar $6000 apeló la ordenanza y la llevó a la Corte que aún tiene que resolver. Pero creo que vamos a perder porque nos notificaron en época de receso y el presidente del Concejo no hizo tratar el expediente y el cuerpo como institución no apeló la presentación del Ejecutivo", explicó.

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