El legislador aseguró que entre el 24 y 28 de marzo recibió un sinnúmero de denuncias, por lo que le pidió al secretario de Trabajo, Alfredo Batule, que tome medidas ante los incumplimientos.
Hizo referencia a la Minera del Altiplano que opera en el Salar del Hombre Muerto y despidió el 25 de marzo a 800 trabajadores al frenar sus actividades hasta noviembre.
También denunció que la empresa Nubicom el domingo pasado despidió a cuatro personas por encabezar un reclamo salarial, mientras que AGV -contratista de la minera Mansfield- hizo lo mismo con tres trabajadores, y Petroserv General Mosconi adeuda tres meses de salarios.
Los reclamos por otros incumplimientos son muchos, en el marco de la emergencia sanitaria para frenar la expansión del COVID-19.
Entre ellos se encuentra el de los empleados de la empresa Guardián que denunciaron la falta de provisión de los elementos de protección personal a pesar de estar en lugares en contacto directo con el público; además que no otorgaron licencia obligatoria a los mayores de 60 años o con enfermedades crónicas.
Lo mismo ocurre en la fábrica de especias Doña Crisanta, donde tampoco se otorgó licencia a los mayores de 60.
En Pichanal, advierten que los obreros de las fincas La Abanderada y Río Grande trabajan con normalidad y que no les proveen de los elementos de protección.
Por otro lado, la sucursal del café Martinez del Paseo Libertad al cerrar sus puertas al público comunicó a los Trabajadores que no pagará los días caídos por la cuarentena, en oposición a lo establecido por el decreto 207/20.
En una reunión que mantuvieron los presidentes de bloques con el vicegobernador Antonio Marocco; el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas; el secretario de Salud, Antonio De los Ríos, del Plá pidió que el Gobierno dé respuesta a los trabajadores que están en negro y se suspendan los despidos.
Cabe destacar que la reunión tenía por objeto tomar conocimiento de las acciones implementadas por el Gobierno provincial ante la emergencia sanitaria.
"Para todas las personas que fueron despedidos pedimos un subsidio de $30 mil y que las empresa que tienen espaldas paguen los salarios. Ninguna familia puede hacer la cuarentena si le falta un plato de comida ni ingreso familiar", afirmó el legislador.
Señaló además que la secretaría de Trabajo se comprometió a realizar las inspecciones correspondientes "porque hasta la denuncia del PO no tenían conocimiento de lo que ocurre en las empresas denunciadas".
