Llamativamente, la titular de la mencionada comisión, Laura Cartuccia, argumentó la necesidad “de trabajar más el proyecto”, y de “dejar de mirar hacia atrás”, tras haberse reunido con referentes del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos, la ONG, de marcada ideología antiderechos, y que tiene como integrante al represor Juan Carlos Jones Tamayo como colaborador.
En un extenso comunicado, representantes de asociaciones, referentes particulares, periodistas y trabajadores por los derechos humanos, expresaron su profundo repudio ante la negativa de la legisladora y sus expresiones.
Recordaron que, en el 2023, “la sociedad argentina celebrará los 40 años del advenimiento de la democracia”, y las “luchas de personas torturadas, asesinadas, desaparecidas, obligadas al exilio, víctimas del plan sistemático del Terrorismo de Estado, con juicios pendientes por crímenes de lesa humanidad, que no logran cerrar las heridas de semejante barbarie”
Cuestionaron duramente a Cartuccia: “¿Qué la lleva a pensar que puede, de manera individual, obturar el debate por una Ley provincial que ya se concretó a nivel nacional, cuando se estableció el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia?”. Asimismo, señalaron: “que Cartuccia pertenezca a un espacio político negacionista no la exime del respeto que como ciudadana y como una representante del pueblo debe observar”.
En el comunicado también enfatizaron que: “la Memoria sobre el terrorismo de Estado que, en Salta, generó cerca de 240 desaparecidxs y cientos de detenidxs, torturadxs, y exilios forzados, no es patrimonio de una diputada, tampoco del cuerpo legislativo: es la construcción colectiva de un pueblo que espera y necesita trascender los espacios simbólicos.”
Por último, exigieron a la diputada Laura Cartuccia abrir el debate con intervención de las organizaciones de Derechos Humanos para que, a través de la Ley en cuestión, la provincia pueda contar con un Archivo Provincial de la Memoria y la Comisión Provincial de la Memoria.
