El mismo tiene por objeto corregir una asimetría en cuanto a la localización de los profesionales del sistema de salud a través de un beneficio fiscal, y lograr así que se produzca una migración de los profesionales de los centros urbanos hacia aquellas regiones y provincias cuyos índices de pobreza e indigencia y de menor desarrollo relativo son los más alarmantes, como ocurre en las provincias del Norte Grande. La situación sanitaria creada por el COVID-19, expuso con crudeza la falta de profesionales en el interior de las provincias del norte, y es por eso que el Congreso debería abocarse a darle una solución. Paralelamente se debe continuar gestionando la operatividad e implementación de la Ley 27.480 del año 2018 que contempló un beneficio similar para los servicios prestados en zonas desfavorables.
Un informe que publica el Ministerio de Salud de la Nación ("Tasas de médicas y médicos por provincia cada 10.000 habitantes a 2020"), da cuenta de que las provincias del norte grande se encuentran por debajo de la media nacional de 40,4 cada 10 mil habitantes: Salta 23,12; Santiago del Estero 17,92, Jujuy, 23,22; Chaco 21,69; Formosa 19,54; Catamarca 27,54; Corrientes 33,05; Misiones 18,94%, Tucumán 31,70.
Por ello, se propone modificar el artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias) que establece que "las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud pública, cuando la prestación del servicio se realice en un centro público de salud ubicado en zonas sanitarias desfavorables así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, a propuestas de las autoridades sanitarias provinciales, están exentas del gravamen", incluyéndose a los centros públicos de salud ubicados en las provincias que componen la Región Norte Grande Argentino.
