Los diputados que acompañaron la presentación además de Zapata y Milei fueron, José Luis Espert y Carolina Píparo (Avanza Libertad-Buenos Aires), Francisco Sánchez (Pro-Neuquén), Dina Rezinovsky (Pro-Capital), Paula Omodeo (Creo-Tucumán) y Alberto Asseff (Pro-Buenos Aires).
El proyecto busca la derogación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, la cual fue sancionada durante la presidencia de Nestor Kirchner, y la cual evita el desalojo por parte de la fuerza pública de las comunidades originarias que mantengan conflicto de tierras.
En los fundamentos, la autora del proyecto (Villaruel) sostiene que el Instituto Nacional de Asunstos Indígenas, organismo encargado de instrumentar la ley , ha “incurrido en varias ocasiones en errores de paupérrima gestión a la hora de otorgar territorios federales a comunidades indígenas”.
La legisladora alude a la resolución 90/2020 del INAI, firmada por su titular, Magdalena Odarda, a través de la cual se le reconocía la propiedad de un terreno a una comunidad mapuche de Bariloche.
Villaruel sostiene que esa disposición fue “gravemente observada por la Cámara Contencioso Administrativa debido a que el Estado omitió el derecho de propiedad de la persona a la que se arrebataron las tierras, aun sabiendo que el damnificado ya poseía a su favor una sentencia de primera instancia que catalogó el hecho como delito de usurpación”.
“Esta situación de profunda gravedad para la integridad territorial y la vigencia del derecho de propiedad -ambos protegidos por nuestra Constitución nacional- encuentra un caso más en la disputa de terrenos de la Escuela Militar de Montaña creada por el General Perón, donde el INAI dictaminó a favor de una supuesta comunidad mapuche el otorgamiento de tierras afectadas al entrenamiento y custodia de las Fuerzas Armadas”, apunta la diputada Villarruel en el proyecto.
Los legisladores firmantes utilizan esta situación como la excusa para avanzar en derogar la ley que se encuentra prorrogada por el presidente Alberto Fernández. En diciembre del 2021, tras la prórroga sancionada por el senado, la oposición no presto acuerdo a que diputados dictamine a favor de la ley, intentando que la misma se caiga ya que el 25 de noviembre de 2021 perdía su vigencia, hecho que el ejecutivo nacional subsano con un decreto de necesidad y urgencia.
Las comunidades originarias de Salta tienen abiertas distintas disputas legales por el reconocimiento territorial a lo largo y ancho de la Provincia. Desde el sector indígena, manifestaron su preocupación en noviembre pasado por la cantidad de hechos de violencia que significaría que la ley se caiga y se permita la intervención por la fuerza en las tierras.
