Desde la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, advirtieron sobre la peligrosidad de esta posible ley.
Nuevo Diario dialogó con la titular de la citada secretaría, Itatí Carrique, que calificó al proyecto como “improcedente”, teniendo en cuenta que el sistema de salud de la provincia ya cuenta con consejerías integrales para asistir a las mujeres “desde una visión amplia y sujeta a derechos, donde se las asiste sobre métodos anticonceptivos, las posibilidades que tienen de interrumpir o continuar el embarazo de conformidad a las Leyes 27.610 y 27.611 que son las de Interrupción del Embarazo y la de los 1000 días”.
En ese sentido, advirtió sobre la intención de incorporar a “organizaciones no gubernamentales que lo que buscan es promover la continuidad de los embarazos”, dijo y precisó: “en esos lugares, estas organizaciones podrían inducir potencialmente a mujeres para que no interrumpan sus embarazos, es decir, de que busquen las maneras de convencerlas”.
Otro punto no menor que se desprende de este proyecto, es que la atención es competencia del Estado, “pensar que organizaciones que no son del Estado puedan involucrarse en un asunto tan sensible, es también peligroso y cuestionable”, enfatizó Carrique.
“No hay involucradas ningún tipo de organizaciones a favor del aborto para decirles a las mujeres que aborten, ¿porqué meteríamos a organizaciones que buscan obstaculizar el acceso al derecho de interrupción voluntaria del embarazo si existe la ley de los 1.000 días”.
“El Estado tiene la obligación de reforzar la información en cuanto a los derechos de las mujeres y eso existe y está, pero nunca podemos dejar un tema tan sensible en manos de terceros que tienen intencionalidad clara”, exclamó.
Sobre el tema, la funcionaria recordó que recientemente en CABA se produjo idéntica polémica, tras la incorporación de un 0800 atendido por ONG para asesorar telefónicamente a mujeres embarazadas. La línea fue repudiada por la Campaña por el Derecho al Aborto.
El proyecto que hoy podría ser aprobado
Según el articulado de la norma, estas Consejerías Integrales estarán conformadas por los equipos interdisciplinarios que disponga la autoridad de aplicación, priorizando en la medida de lo posible, las áreas de salud, del ámbito legal y de la asistencia social; debiendo incorporar a representantes de Organizaciones no Gubernamentales y Asociaciones Civiles, que habiendo manifestado su intención de participar, tengan como objeto la atención de la embarazada y su contención, en la medida que acrediten una actuación mínima en la provincia de dos (2) años de antigüedad.
En particular se tendrá presente la necesidad de personal adecuado para la atención de menores de edad.
