Su autor es el diputado Héctor Chibán (Capital-Adelante Salta en Juntos por el Cambio) quien mantuvo una reunión con la Cámara de Comerciantes Unidos a quienes presentó tal iniciativa. Los presentes expresaron su apoyo al proyecto. Además, manifestaron su preocupación por la situación que viven tanto dueños de comercios como trabajadores. Se pronunciaron asimismo a favor de la unificación de los impuestos provinciales y municipales, la realización de un censo que permita conocer el número de personas desempleadas durante la pandemia y de urgentes medidas que permitan desempeñarse en trabajos formales sin perder los planes sociales.
Chibán se comprometió a vehiculizar estas demandas tanto a nivel provincial como nacional, en caso de ser elegido como diputado al Congreso de la Nación.
En el proyecto de ley se propone exceptuar desde el 1° de julio de 2021 hasta el 31 de julio de 2022, el pago del Impuesto a las Actividades Económicas y el pago del Impuesto de Sellos que graven los contratos de Locación y Compraventa de bienes inmuebles, automotores y ciclomotores, cuando estos bienes sean para destinarlos al comercio, a todas las personas humanas y jurídicas que cumplan con los requisitos.
En los fundamentos de su proyecto el legislador sostiene que “si bien es cierto que las medidas restrictivas de la circulación dispuestas por el Poder Ejecutivo Provincial en el marco de la pandemia por Covid-19 resultan, en determinadas circunstancias, necesarias a los fines de evitar la propagación del virus y el consecuente cuidado de la población, también es cierto que estas medidas han generado pérdidas económicas muy importantes para distintos sectores que conforman la estructura económica de la Provincia. Estos sectores son las personas humanas y jurídicas que se dedican a la actividad económica organizada y diversas empresas, teniendo en común, que no fueron declaradas actividades y servicios esenciales en el marco del Decreto Nº 297/2020 “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.
Refiere además en otro párrafo que “es importante destacar que la crisis de la actividad en cuestión afecta no solo al sector mencionado ut supra, sino también involucra directamente a sus empleados que representan el grueso del empleo formal en nuestra provincia”.
Pérdidas de alimentos
Proveniente desde el Senado en revisión, la Cámara baja salteña prevé abordar el proyecto de Ley respecto a la adhesión de la provincia de Salta a la Ley Nacional N° 27.454 que crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos. Además de dicha adhesión se incluye la creación del Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, o el que en el futuro lo reemplace. En el mismo deberán inscribirse las instituciones públicas o privadas, legalmente constituidas y que cumplan con controles sanitarios previstos en el Código Alimentario Argentino. Estas serán responsables de la recepción de los productos alimenticios y de la entrega gratuita a los consumidores finales.
Se establece que el Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación específica de esta Ley, una vez sancionada en la Legislatura.
También se invitará a los municipios a participar e implementar las políticas públicas para el fomento, desarrollo y promoción de la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos, a través de las acciones locales tendientes a ese fin.
