En la reunión integrantes de la Comisión de Familiares le mostraron al ministro un panorama general sobre la actuación judicial en sus casos. Entre ellos se encontraban Ana Fernández, titular de la entidad junto a Raúl Córdoba, quienes fueron los primeros en crear como forma de reclamo, las marchas pacíficas alrededor de Plaza 9 de Julio.
“No somos el Poder Judicial y no podemos influir en sus decisiones, pero todo el equipo del Gobierno está a su disposición. Atender dolores personales y sociales es un tema fundamental para nosotros”, indicó el ministro López Arias a los familiares que compartieron sus historias e informaron sobre el estado de sus causas.
El funcionario hizo hincapié en las modificaciones hechas al Código Procesal Penal, cambios que agilizaron la actuación de la Justicia. López Arias los invitó a trabajar en conjunto en iniciativas que puedan convertirse en leyes u ordenanzas y les comentó que la próxima semana se reunirá con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano.
Córdoba informó que el objetivo de los familiares fue presentar al funcionario un panorama de las diferentes situaciones que viven y reconoció la posibilidad de haber podido exponer sus casos.
“El problema es el expediente judicial. Entendemos el sistema, pero el sistema no nos entiende a nosotros, ni a las víctimas”, planteó, al tiempo que solicitó en nombre del grupo la gestión de una audiencia con las autoridades de la Corte de Justicia.
De la reunión también participaron Manuel García, Omar Valdez, Victoria Salva, Rita Fregenal, Mónica Vera, Cristian Mesina y Verónica Cardozo, todos familiares de víctimas. Del Gobierno, acompañaron a López Arias, el secretario de Relaciones Institucionales, Martín Ávila, y el director del Programa de Orientación y Asistencia Jurídica de Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves y titular del Programa Asistir, Néstor Rafael Benegas.
