La Ley Nacional que instituye el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública es del 2020 y establece las condiciones para la generación de ese tipo de energía para el autoconsumo y para la eventual inyección de excedentes a la red. También se declara de interés nacional la generación de energía de fuentes renovables.
Sin embargo, en el análisis de su contenido, los senadores advirtieron elementos que implican un avance del Estado nacional sobre derechos constitucionales propios de las provincias, por lo que consideraron que no es oportuna la adhesión.
Entre otros se observó que en su capítulo IV, la norma prevé que la autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo Nacional, y será esta persona la encargada de establecer normas técnicas y administrativas para la aprobación de proyectos de generación de energía eléctrica; establecer las normas y lineamientos para la autorización de conexión a la red que será solicitada por el usuario; establecer requisitos y plazos, entre otros.
Por otro lado, la ley plantea la disminución del IVA en determinadas circunstancias a los fines de promocionar la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuerzas renovables, pero tal aprobación depende de la discrecionalidad de autoridades nacionales.
“Entendemos que la finalidad de impulsar el uso de energías renovables es loable y apoyamos dicha moción, pero la implementación de la ley en cuestión operaría en detrimento de las facultades provinciales de regular en materia energética. Depender de la voluntad de un funcionario nacional socava de lleno a la soberanía provincial”, sostuvo el presidente de la Comisión, Sergio Ramos.
En igual sentido, el titular del ENRESP, en su carácter de integrante del Consejo Federal de Energía Eléctrica, sostuvo que las inconsistencias aludidas por los senadores fueron también analizadas en el organismo federal, que recomendó al Congreso Nacional su modificación por entender que el marco regulatorio invade jurisdicciones provinciales.
Saravia sostuvo que Salta ya posee legislación en la materia a través de la Ley N°7824 de “Balance Neto para la Generación de Energía”, sancionada en 2014, que engloba los preceptos de la norma nacional.
Asimismo brindó un informe sobre la aplicación de energías renovables en la provincia indicando que en Salta unas doce mil familias accedieron a paneles solares en el marco del programa PERMER, financiado por el Banco Mundial, que incluye también obras para la repotenciación de 254 escuelas y 154 centros de salud de distintos parajes.
