Las declaraciones se escucharon en el juicio que se sigue en el Tribunal Oral Federal 1 por el cobro indebido del IFE. Los acusados Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Eduardo Navarreta, quienes eran gerentes de PAMI en las sucursales de Orán, El Carril y Embarcación, son juzgados por el delito de defraudación a la administración pública.
La acusación penal contra los exgerentes surgió tras comprobarse que habían solicitado y percibido el IFE, un beneficio dispuesto por el decreto 310/2020 del Poder Ejecutivo Nacional para mitigar la grave crisis económica emergente por las medidas sanitarias impuestas durante la fase 1 en el marco de la pandemia del COVID-19.
Por este hecho, el 19 de noviembre de 2020, el fiscal federal Ricardo Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, formalizó la imputación penal contra los entonces gerentes de las agencias del PAMI, dos de los cuales fueron luego despedidos por dicho organismo, mientras que Navarreta renunció.
Pese a distintos planteos legales presentados por sus defensas, en busca de ser beneficiados con el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, los acusados no pudieron evitar el juicio oral, el cual se reanudó el 5 de julio pasado.
El viernes pasado, bajo la dirección de la jueza Marta Liliana Snopek, los tres acusados declararon y le dieron un nuevo giro al caso, pues revelaron maniobras que podrían abrir una nueva causa penal en contra de dirigentes del brazo fuerte del kirchnerismo en Salta.
La primera en declarar fue Fernández, quien resaltó su tarea a partir de un merendero que abrió en su vivienda y otras tareas comunitarias en comunidades aborígenes. “Luego, cuando asumí en el PAMI todo para mí era muy incierto por las irregularidades que tenía la empleadora hacia mi persona, no tenía un legajo ni acceso al sistema”, sostuvo.
Explicó que padeció muchas necesidades hasta que cobró su primer sueldo, lo que sucedió el 29 de abril de 2020. “Para mí todo esto era una incertidumbre muy grande, no tenía ingresos económicos y me costaba mucho”.
“Cuando tengo el primer sueldo, sabiendo que tenía que destinar el 20 % de la totalidad del sueldo al señor Marcos Vera, quien era el referente de La Cámpora provincial. Ese 20 % de mi sueldo iba destinado justamente como aporte a la organización de La Cámpora”, reveló.
Para luego agregar que ese aporte lo hacía a través de la ex funcionaria Verónica Molina, también del PAMI. “Ella –por Molina- se en cargaba a través de una reunión que se llevaba a cabo en Salta, entregaba este porcentaje, tanto mío como de los distintos jefes que habían asumido”, agregó Fernández.
Posteriormente, la acusada se refirió a otros inconvenientes económicos y laborales referidos al atraso de pago de facturas como la distancia que debía recorrer entre su vivienda, en Pichanal, hasta la agencia del PAMI, en Orán.
En cuanto al aporte del IFE, aseguró que no lo gestionó y que el beneficio lo recibió de manera automática. Indicó que habló con Vera para devolver ese dinero, quien le dijo que “ya no era posible”, por lo que decidió donarlo a una familia de escasos recursos que lo había solicitado, pero que no fue beneficiada.
La designación era para su hija, pero admitió que se la quedó
Emilia Juárez, en tanto, también inició su declaración con su historial laboral previo a su desempeño en el PAMI, en este caso en El Carril. Explicó que trabajó en negro en una empresa tabacalera y que también realizó tareas como enfermera profesional.
Sobre la designación, explicó que “en realidad nunca fue para mí porque la designación fue para mi hija, la cual es militante de La Cámpora desde el 2016. La designación llegó para ella, pero como ella es estudiante de abogacía, no podía por el tema de los estudios, entonces me la ofreció a mí porque yo estaba más relacionada con el tema de que soy enfermera y tenía conocimiento por haber trabajado con adultos mayores”.
Al referirse luego de desatado el escándalo por el cobro del IFE, Juárez reveló que fue citada por Molina. “Me citan la señora Verónica Molina y el señor Marcos Vera pidiéndome la renuncia”, aseguró.
Me dijeron que “renuncie porque lamentablemente esa era una decisión de la organización, a pesar de yo no haber militado ni nada. Me sacaban el 20 % de mi sueldo todos los meses”. Juárez sostuvo que se negó a presentar la renuncia. “No me voy a hacer cargo de algo que yo no cometí. Esa fue mi respuesta, luego cortaron comunicación conmigo, nunca más me contestaron el teléfono ni nada, a pesar de que seguíamos trabajando”. Luego, en diciembre fue despedida.
Navarreta, si bien siguió el mismo hilo que las otras dos acusadas, al relatar que su perfil laborar estaba ligado a tareas sociales en comunidades originarias, a lo cual adjudicó su convocatoria a trabajar en el PAMI; finalmente no refirió nada en cuanto al aporte del 20 % del sueldo, como dijeron Fernández y Juárez. Cuando salió a la luz el escándalo, reconoció que estaba desinformado sobre el asunto y que presentó su renuncia al cargo, aunque sí aclaró que el dinero del aporte fue “invertida” en comedores comunitarios.
