Por un lado se trata del proyecto de ley, cuya autoría pertenece a la diputada Betty Gil (Bloque Salta Nos Une), que propicia modificar el artículo 39 de la Ley 7970 "Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes".
En los fundamentos la legisladora sostiene que “no basta con nombrar un tutor y/o abogado del niño (como establece la Ley provincial 7970), es imprescindible un "Defensor" que debe obrar como el "garante" que asegure el cumplimiento cabal de la Convención de los Derechos del Niño y afirme una promoción constante de éstos ante el propio Ejecutivo y Legislativo, debido a la incapacidad de representación de los niños ante estos poderes.
El segundo proyecto de ley es una iniciativa de la diputada Emilia Figueroa (Bloque Justicialista) y corresponde a otorgar un marco normativo a las guarderías infantiles en el territorio provincial.
Se indicó que el propósito de esta ley es establecer un marco normativo que contemple integralmente los estándares mínimos que deben respetarse para el funcionamiento de guarderías que propendan a la protección, atención y cuidado de infantes, en la Provincia.
Se busca cubrir un vacío legal latente en la actualidad. Contemplar las condiciones de habilitación de los locales que se le asignen a dichas actividades, como así pautas y requerimientos para el regente o dueño, personal a cargo y condiciones de inscripción de los infantes. Para garantizar estándares de seguridad a los padres que en horas de jornada laboral requieran de dichos servicios.
Más gendarmes para la Puna
Los legisladores tratarán un proyecto de Declaración de autoría del diputado César Córdoba (Bloque Justicialista). Se propicia que el Poder Ejecutivo Provincial y los legisladores nacionales de Salta, gestionen ante Gendarmería Nacional, el aumento de efectivos en el departamento Los Andes.
Designación de empleo sin parentelas
En el temario de la Cámara de Diputados se destaca un proyecto de ley destinado a impedir que funcionarios del Estado en sus diferentes ámbitos designen o contraten personal con grado de parentezco.
Esto alcanzaría a cónyuges, concubinos y parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad salvo que tales nombramientos se efectúen en cumplimiento de las normas legales que regulan el acceso a la función pública.
El proyecto es de autoría de los diputados Norma Lizárraga y Martín de los Ríos (Bloque Cambiemos). El objetivo es que los miembros del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, los intendentes y concejales, los presidentes y directores de los Entes Autárquicos y Descentralizados, los presidentes y directores de sociedades con participación estatal, autoridades de Organizaciones No Gubernamentales que reciban aportes del Estado Provincial a través del Presupuesto Provincial, queden impedidos a nombrar o contratar en cargos o empleos públicos a personas de su parentezco.
