La causa La Ciénaga trata de cómo 90 hectáreas destinadas al Programa Familia Propietaria terminaron en el patrimonio de la familia del actual senador nacional Juan Carlos Romero. Para ello Nuevo Diario elaboró una síntesis de esa causa que a medida que pasa el tiempo más se consolida para convertirse en otra injusticia que se genera desde la política.
La provincia adquirió en julio de 1998, a través del decreto 1.297, como parte de pago de la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial de Salta 90 hectáreas de la Finca La Ciénaga. En el artículo 5 de ese decreto se establece que esas tierras serían destinadas al Programa Familia Propietaria. La operación fue avalada por el entonces escribano de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, y se formalizó mediante escritura 2.631 del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta de esas tierras, valuadas en $1.100.000, en paridad con el dólar, es decir U$S 1.100.000.
De esta manera se incorporó al patrimonio de la provincia la fracción de 90 hectáreas que eran parte de la Finca La Ciénaga e Isasmendi -matrícula catastral de origen 1.714 y actualmente 129.196-, ubicada en la localidad de Atocha del departamento Capital, de propiedad de Domingo Gerardo Martín y Exequiel Rodolfo Luna.
Según el decreto 1.297, Domingo Gerardo Martín ofreció las 90 hectáreas como parte de pago de una deuda que la firma Import S.R.L. mantenía con el Banco Provincial de Salta.
La firma Import S.R.L. cuya titularidad se la adjudica a Néstor López, primo de Juan Carlos Romero, era una firma dedicada a la importación de artículos del hogar.
La dación de pago por la deuda que mantenía Import S.R.L. con el Banco Provincial de Salta se tomó por la suma de $ 550.000. Por los otros $ 550.000 faltantes la comisión parlamentaria que llevó adelante la investigación "supone" que ingresaron al Banco Provincial.
El decreto 1.297 dejaba establecido que la adquisición de esas tierras era destinarlas al Programa Familia Propietaria, cuya misión era ayudar a familias de bajos ingresos a acceder a terrenos en donde vivir.
En 2004 los funcionarios del gobernador Juan Carlos Romero adquirieron 12 hectáreas a José Luis Agustoni, ubicadas al borde de las autopistas que conecta la ciudad Capital con la localidad de San Lorenzo. Por esas 12 hectáreas el gobierno provincial pagó $ 1.959.456 con un pago inicial y 26 cuotas hasta completar la suma de $ 1.499.456.
Por el saldo restante -$ 460.000- la provincia le entregó a José Luis Agustoni las 90 hectáreas de La Ciénaga. La operación quedó registrada el 16 de febrero de 2004. En ese momento el dólar cotizaba a $ 2,91. Es decir que lo que compró la provincia a U$S 1.100.000 lo vendió a U$S 158.076 o $ 460.000.
Tan sólo cuatro meses después José Luis Agustoni "vendió" las 90 hectáreas de La Ciénaga a María Cecilia Pérez de la Fuente, escribana que formaba parte del staff del estudio de escribanos de Víctor Manuel Brizuela. La escribana actuó en representación de la Sociedad Prados de Atocha S.A. quien pagó $ 100.000 el 4 de junio de 2004.
Con posterioridad, cinco años después, María Cecilia Pérez de La Fuente actuando en representación de la Sociedad Prados de Atocha S.A. vendió el terreno a la Estancia El Carmen S.A., una sociedad de la que participa Jucaro S.A., de propiedad de Juan Carlos Romero y su esposa Lucía del Carmen Marcuzzi. La transacción también se realizó por $ 100.000 el 19 de noviembre de 2009, esta vez con la intervención del propio Víctor Manuel Brizuela como escribano.
En noviembre de 2009 un dólar cotizaba a $3,77. Es decir que del U$S 1.100.000 -valor original de La Ciénaga- se pagó U$S 26.525 o los ya nombrados $ 100.000.
Acción penal
El 8 de octubre de 2010, La ex fiscal penal Nº 2, María Inés Loyola promovió acción penal por "peculado" contra los tres escribanos que intervinieron en el proceso de traspaso de las 90 hectáreas de La Ciénaga para finalmente terminar como propiedad de Estancia El Carmen S.A., de la familia del ex gobernador Juan Carlos Romero. Los ex escribanos de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, y la escribana María Cecilia Pérez de la Fuente, quienes siguen "involucrados" en el expediente que contiene el caso La Ciénaga, son investigados por la Justicia penal por el presunto delito de peculado, de acuerdo a la promoción de acción penal elevada por la fiscal Loyola, quien promovió acción penal, por lo que se abrió una causa en el ex juzgado de instrucción formal 4, a cargo del ex juez formal, Germán Antonio Pastrana. En su acusación, detalló que "las tierras inicialmente compradas por el Estado con destino a familias de escasos recursos (…) terminaron en poder de la empresa "Estancia El Carmen S.A.", cuyo presidente era el hijo del ex gobernador, Juan Esteban Romero". Tras un serio análisis contable, aseguró que Juan Carlos Romero simuló "una cadena de adquirentes", lo que permitiría "establecer que el objeto de la maniobra fue beneficiar a su hijo".
Los artículos de Nuevo Diario de ese entonces y algunas informaciones difundidas en programas de radio fueron la base con la que la fiscal penal número 4 Liliana Jorge comenzara a actuar en el tema La Ciénaga.
Pero luego la fiscal Jorge se inhibió, y dejó el tema en manos de Loyola, quien recibió la denuncia del diputado Carlos Morello, el abogado Daniel Tort, y la periodista Paula Poma, el 4 de octubre de 2010, hace más de once años.
La fiscal Loyola promovió también acción penal contra José Luis Agustoni, el particular que habría puesto como domicilio el del estudio jurídico del abogado Raymundo Sosa, abogado de Romero en ese entonces.
La fiscal también incluyó en su promoción a "NN" integrantes de las empresas que participaron de las operaciones, entre las que figuran Prados de Atocha y Estancia El Carmen S.A., con sede en ex Combatientes de Malvinas 3890 y de propiedad de la familia del ex gobernador Juan Carlos Romero.
Laura Inés Wayar también cumplió la doble función de escribana de gobierno y particular.
Como escribana privada, Laura Inés Wayar dio fe de la compra de las 90 hectáreas de La Ciénaga a María Cecilia Pérez de la Fuente, la operación se hizo por 100 mil pesos.
No fue el único caso en que María Cecilia Pérez de la Fuente actuó en inmuebles vinculados a Juan Carlos Romero. También compró con su empresa Loma Balcón, el terreno donde después el ex gobernador levantó su mansión en Castellanos.
En la causa La Ciénaga hay 13 imputados: Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban Romero, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni.
La causa
La causa acumula ya siete cuerpos de instrucción penal, avances en pericias contables y testimoniales. Aseguran que sólo resta la indagatoria a Juan Carlos Romero para que le quepa el procesamiento y el caso se encamine a juicio. Pero el ex gobernador viene eludiendo esto, gracias a sus contactos en el ámbito judicial, por lo que el expediente sigue stand by.
Uno de los nombres clave que se filtra en la lista mencionada más arriba, además de Juan Carlos Romero y Juan Esteban Romero -padre e hijo-, es el de Víctor Manuel Brizuela, cabeza de la escribanía que certificó el pase de escrituras y las compraventas que se registran en esta causa, que además de haber sido escribano del Gobierno provincial fue ministro de Gobierno y Justicia y jefe de Gabinete durante la gestión Romero. Un hombre de extrema confianza del senador.
Especulaciones
La Ciénaga está muy cercana a las 800 hectáreas que posee Gilberto Oviedo, ex ministro de Producción de Romero, que algunos señalan como testaferro del senador.
Si el plan original en La Ciénaga era construir allí viviendas sociales, eso afectaría el negocio inmobiliario que tenían planeado sobre las 800 has: un mega barrio privado.
Un no a Romero
Tras numerosas idas y vueltas, la última novedad judicial en la causa se remonta al 31 de mayo de este año cuando la Jueza de garantía de 5ta nominación, María Edith Rodríguez, decidió no hacer lugar a un pedido de sobreseimiento de los acusados. Desde entonces, no se registró trámite alguno.
El Juzgado de Garantías resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del senador nacional y ordenaron continuar con la investigación.
Se basó para ello de una doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de interpretación en la materia destacando que los compromisos Nacionales suscriptos por el Estado Argentino, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, ameritan continuar con la investigación a pesar del tiempo que tiene la causa.
El requerimiento de sobreseimiento fue presentado en el mes de febrero del corriente año, por la Fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio, y la Jueza María Edith Rodríguez, previa vista a las partes intervinientes (defensas y Fiscalía de Estado en su carácter de Actor Civil).
En la resolución la Jueza de garantías, destaca que el Ministerio Público Fiscal, según la ley vigente en la Provincia, es el dueño de la acción penal y quien debe investigar y conducir el proceso, que ante el desistimiento y pedido de sobreseimiento, sumado a las nulidades previas declaradas en instancias superiores, en consonancia con las normas procesales aplicables fundamentó la procedencia de la instancia fiscal. En el sistema acusatorio, recordó en su fallo, que los roles están bien delimitados, el del fiscal de acusar y el del juez de resolver los planteos de las partes, sin que el Tribunal jurisdiccional pueda invadir la esfera de actuación del Ministerio Publico Fiscal.
El Fiscal de Impugnación, Leandro Flores se expidió por la nulidad, y posteriormente el Tribunal de Impugnación, representado por Ramón Medina y Luciano Martini, declararon la nulidad del requerimiento de remisión de la causa a juicio y de todos los actos que dependieran, retrotrayendo la misma a la instancia de investigación penal, en la cual, y en febrero del corriente año, la Fiscal Penal Ana Ines Salinas Odorisio dictaminó, con el planteo de sobreseimiento con el argumento que la conducta de los acusados no encuadraba en la figura penal.
Terrenos para 4.500 familias
Un informe de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, en el año 2004 -fecha de adquisición de las 90 hectáreas- revela que el Programa Familia Propietaria recibió 4.000 solicitudes de familias de escasos recursos que requerían una solución habitacional. En esa ocasión sólo se entregaron 500 terrenos en otros puntos de la ciudad.
Un estudio especifica que las 90 hectáreas -que estaban destinadas al Programa Familia Propietaria- hubiesen podido satisfacer las demandas habitacionales de 4.500 familias salteñas en ese momento.
“Intromisión” del diputado Godoy
Ya en 2021, el 29 de octubre, Manuel Santiago Godoy, diputado provincial, recordó que el hecho tuvo alcance nacional cuando periodistas del programa CQC visitaron Salta para interiorizarse sobre la compra/venta de tierras fiscales a manos del senador nacional Juan Carlos Romero.
"Yo era presidente de la Cámara cuando vinieron; recuerdo que la denuncia la hizo Carlos Morello. En la Cámara se armó una Comisión Investigadora y la conclusión a la que se llegó es que, en ese entonces, Romero no era más Gobernador, por lo que la decisión política ya no pasaba por la legislatura", rememoró.
Cuando Manuel Santiago Godoy rememora que Romero no era gobernador en 2010 tiene razón, ya que Juan Carlos Romero, próximo a cumplir 71 años -nació el 16 de noviembre de 1950-, fue Senador Nacional por Salta desde 1987 a 1995; gobernador de Salta desde 1995 a 2007, tres períodos consecutivos y vuelve a ser reelecto Senador Nacional desde 2007 con fecha de vencimiento de mandato en diciembre de 2023y con 34 años en la política hasta este momento.
Continúa Santiago Godoy: "Lo que hay que aclarar es que, para vender esas tierras, era necesaria la aprobación legislativa; lo mismo sucede cuando se donan tierras fiscales o cuando se expropian. Bueno, ese procedimiento, en el caso de La Ciénaga, nunca existió; nunca pasó por la Cámara", señaló Godoy.
"Yo, la verdad, nunca seguí el juicio de La Ciénaga. Creo que la Justicia debe resolver: si las acusaciones no tienen nada que ver, que lo diga públicamente; si las acusaciones son reales, que lo diga públicamente. Ahora ¿Cómo se hace público? Con una sentencia ¿Conocemos la sentencia? No. Bueno", concluyó el legislador.
Sin saberlo, el diputado Godoy puso sobre el tapete mediático un tema que, notoriamente, sus involucrados esperan se archive para entonces sí, dormir tranquilos.
¿Continuará?
