Su presentación fue realizada por el presidente de dicho Comité, Dr. Rodrigo Solá, ante miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.
También en la oportunidad los legisladores fueron interiorizados de la nómina de quiénes integran dicho Comité, así como la labor desplegada hasta el presente.
El encuentro fue presidido por el titular de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, senador Carlos Ampuero (Santa Victoria).
Solá explicó a los senadores que actualmente el Comité está integrado por 4 de 5 miembros. Cristina Cobos y él por los organismos de Derechos Humanos, Ramón Rosa Corregidor por la Cámara de Diputados y el Dr. Marcelo Giordamachi, que es interino, por el Senado. Indicó que el Poder Ejecutivo todavía no designó integrante.
Además, la Ley N° 8024 establece la creación del Consejo Consultivo que es el órgano interministerial e interinstitucional de consulta y asesoramiento permanente del Mecanismo Provincial, cuya participación es ad honorem y que deberá estar integrado por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Cámaras de Senadores y Diputados, Poder Ejecutivo, IPPIS, Colegio de Abogados. "Hasta el momento sólo se designaron los representantes de la Corte de Justicia, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados y el IPPIS". (El Senado en la sesión ordinaria eligió a la Senadora Sonia Magno para el Consejo)
Sobre el anteproyecto de Ley Orgánica del Servicio Penitenciario y de reinserción social y comunitaria de la Provincia de Salta dijo que "estuvimos realizando un relevamiento en las cárceles y comisarías de la Provincia, previo a la declaración de Emergencia Carcelaria del Poder Ejecutivo, información que remitimos al Ministerio de Seguridad. La emergencia era necesaria, la sobrepoblación es alarmante, pero es una parte de la solución", expresó Solá.
"Es necesario cambiar la legislación y darle un tratamiento más humanitario al tema". Consideran que se debe tener otro enfoque en el tratamiento de las personas privadas de la libertad, como así también la capacitación para el personal penitenciario. "La Ley 5639 del servicio penitenciario es del año 1980 en el gobierno de facto, y pide una reforma urgente con una mirada no tanto de castigo sino de reinserción social, por eso creemos que es necesario rever la normativa vigente".
Ampuero recibió el proyecto con el compromiso de comenzar el análisis y la ronda de consultas necesaria para avanzar en el tema.
