Durante su intervención, Lucas Godoy resaltó que esta política pública se debe desarrollar con continuidad a largo plazo con el fin de brindar soluciones que proponen generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares. “Los vecinos son quienes merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado”. También sostuvo que gracias al relevamiento del ReNaBaP se determinó que el 68% de los barrios populares no accede formalmente a la energía eléctrica, casi el 90% no accede al agua corriente, al servicio de agua cloacal ni al gas natural. Por último, afirmó que el 25% de las obras públicas que se realicen en la zona deben ser ejecutadas por cooperativas y trabajadores de la economía popular.
La reforma de la Ley de Barrios Populares tiene el objetivo de prorrogar la suspensión de desalojos y fortalecer el plan de integración socio urbana. La garantía de este proyecto busca brindar acceso a los vecinos de barrios populares en materia de derechos y vivienda digna.
Los puntos principales se enfocan en el desarrollo de obras de integración, la provisión de infraestructura básica, el acceso a servicios públicos, el mejoramiento de viviendas, la creación de nuevo suelo urbano y el fortalecimiento socio comunitario.
Esta actualización de la ley 27.453 declara la suspensión de los desalojos por el plazo de dos años, declarando la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios identificados en el ReNaBaP. El fin prioritario es fortalecer las herramientas para el acceso a los servicios públicos garantizando su acceso a través de una tarifa social adecuada. También incorpora la perspectiva de género como criterio en la titularidad de las viviendas.
La Cámara de Diputados realizó una sesión especial para aprobar los proyectos de prórroga y la reforma de esta ley que busca la integración socio-urbana de Barrios Populares. Diputados debatió sobre esta ley aprobada en el 2018 el día de hoy, la misma prórroga por la suspensión de los desalojos por un plazo de 10 años, el equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, declarando la emergencia socio sanitaria y ambiental por dos años, para eliminar las barreras urbanas conformando viviendas propias para los grupos y vecinos de los barrios populares.
