La propuesta de Fiore debía ser tratada en la Comisión de Legislación General que preside la legisladora Socorro Villamayor y es la segunda vez que el proyecto ingresa en el acta de labor parlamentaria de los legisladores.
La legislación es simple: proponer un mecanismo de sanciones a funcionarios del ejecutivo provincial si es que no responden a los pedidos de informes que realizan los legisladores desde las bancas de la cámara.
Las sanciones se establecen como apercibimientos que si el funcionario persiste en su actitud de no contestar los informes, se aplicarán sanciones económicas sobre el sueldo del implicado. Si aun así , el funcionario continuase sin responder, la cámara debería remitir las actuaciones a la justicia para que se inicie una investigación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además de Villamayor, por el oficialismo provincial se encuentran en la comisión que debían tratar el expediente Marcela Leguina (Anta), Fabio López (Molinos), Noelia Rigo (Capital) y Juan Carlos Roque Posse (Capital).
Por la oposición figura la misma Fiore, Matias Monteagudo (San Martín), Alejandra Navarro (Anta) e Isabel De Vita (Capital), por lo que el bloque oficialista cuenta con los números para hacer valer su posición, con la particularidad de que Navarro si bien figura como un bloque aparte, en las elecciones formó parte del frente Gana Salta.
“A mi me duele mucho cuando una ve informes sobre la institucionalidad democrática en las distintas provincias argentinas y Salta está en el tercer lugar empezando de abajo, por la falta de calidad democrática de nuestras instituciones”, explicó Fiore a Nuevo Diario sobre el motivo de su proyecto.
Desde el Boque Ahora Patria habían relevado que en este periodo 2022, el oficialismo respondió un promedio del 20% de los informes que solicitaron desde la Cámara de Diputados.
