Así los diputados recibieron en la mañana de ayer al procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, a la defensora Oficial María Inés Diez, previos encuentros mantenidos con el Colegio de Magistrados y con el Colegio de Abogados.
Del encuentro entre el procurador y los legisladores también estuvieron presentes los referentes de Familiares de Víctimas de la Impunidad, quienes son uno de los sectores más críticos al momento de evaluar el accionar de los fiscales, de allí que entienden que todo cambio para mejorar las investigaciones de darse de manera urgente.
Como se sabe el proyecto prevé además de que un fiscal dirija el CIF, la creación de tres fiscalías: una para Cachi, otra para Rosario de la Frontera y la tercera, especializada en Ciberdelitos.
Cornejo señaló que “el diálogo siempre es positivo, porque se pueden acordar mejoras importantes en instituciones y especialmente, en contra de la impunidad”, opinó el Procurador. Destacó la posibilidad de intercambiar opiniones y análisis desde el punto de vista constitucional, jurídico y operativo.
Hizo referencia a que estos cambios urgen en la medida que lo ocurrido en la causa Palomo, terminó con la salida de una de las funcionarias que fue nombrada sin llamado a concurso, “en cualquier caso, quien estaba a cargo del CIF en ese momento, no estuvo ni durante la realización de las autopsias (al cuerpo de Palomo) ni en los desplazamientos y operativos que ordenaron y realizaron los fiscales”.
Fue esa actitud que determinó desplazamiento de la ex directora, quien fuera designada por concurso interno de la Procuración y sin llamado a concurso público.
Ante los legisladores, Cornejo señaló que, en todos los casos “el CIF debe proveer la mayor cantidad de datos científicos posibles para investigar un delito de la mejor y más rápida forma posible”, de esta posibilidad es que un fiscal penal, que conoce las pruebas y elementos científicos que requieren las investigaciones, dirija el CIF y se aboque a esa tarea.
Diez, sostuvo que debe existir paridad de estructuras, entre la Procuración y la Defensoría, para mejorar la administración de justicia “es preciso terminar con la disparidad estructural.
Actualmente, existen 63 fiscales y auxiliares fiscales en el Distrito Judicial Centro y sólo 20 defensores oficiales penales para el mismo espacio territorial. Esto genera algunos contratiempos que actualmente sorteamos con mucha voluntad de trabajo y plena disposición”, afirmó la magistrada, que insistió en la necesidad de introducir en la legislación a la figura del defensor especializado en ciberdelitos.
La magistrada destacó que el Ministerio Público de la Defensa, a través de las Unidades de Defensa Penal, trabaja ceñido a las normas del Código Procesal Penal y, en este sentido, manifestó su acuerdo con la modificación normativa planteada que motivó a la reunión de Comisión.
Sin embargo, hizo hincapié la Defensora General en la necesidad de legislar con paridad contemplando la sustanciación del proceso judicial y teniendo en cuenta que para cada cargo de fiscal a crear, se debería acompañar con la designación del defensor público correspondiente. Es en sentido que Diez instió en la necesidad de equiparar la cantidad de funcionarios.
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Senadores que busca modificar el artículo 5 de la Ley Nº 7.665 del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) y crear una Fiscalía de Ciberdelitos.
Además de Cornejo y Diez estuvieron presentes la asesora general y presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Mirta Lapad; el presidente de la Cámara Baja Provincial, Manuel Santiago Godoy; los diputados por Capital, Arturo Borelli, Héctor Chibán, Claudio del Plá, Javier Diez Villa, Guillermo Martinelli, Mario Moreno, Silvia Vargas y Humberto Vázquez, Mario Ábalos (Cerrillos), Antonio Otero (Metán), Emilia Figueroa (Rosario de la Frontera), Marcelo Oller Zamar (Cachi), Sergio Cisneros (Cafayate) , entre otros.
