Mediante esta iniciativa legislativa, que debe ahora tratar el Senado provincial, se modifica el artículo 9° de esta ley, suspendiendo por dos años a partir del 31 de diciembre de 2021, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los arts. 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial.
El proyecto de ley de autoría del diputado Ramón Villa (Rivadavia-FpV), dispone la inclusión a la partida especial del Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2022, de la realización de un registro, relevamiento y asesoramiento de los pequeños productores agropecuarios y familias que habitan en zonas rurales de la provincia de Salta.
Villa explicó que la ley tiene 11 años desde su promulgación, habiendo sido prorrogada en reiteradas oportunidades, y señaló que los titulares registrales, en su mayoría foráneos, ante la gran rentabilidad de negocios agropecuarios, empezaron a reclamar las tierras desconociendo a los antiguos ocupantes, por lo que los pedidos de desalojos de estas familias rurales se convirtieron en una problemática que afecta a todo el tejido social de los departamentos del interior.
En el debate, los diputados plantearon situaciones de los distintos departamentos, y coincidieron en la urgencia de prorrogar esta ley, para evitar lo posibles desalojos de las familias y generaciones de trabajadores que habitan esas tierras desde hace décadas.
Ampliación de escuela
Mediante un proyecto de declaración desde la Cámara de Diputados, se solicitó al Poder Ejecutivo Provincial incluya en el Presupuesto Ejercicio 2022 la construcción de dos aulas destinadas a la Escuela N° 4537 “Wolf Schcolnik” (Educación Especial) del paraje La Puerta - R.P. Nº 56 - Finca Luracatao, municipio Seclantás, departamento Molinos.
El diputado Fabio López (Molinos-GSC), expresó que este proyecto “es un pedido de niños y jóvenes que padecen de discapacidad y que necesitan de una educación especial, y no cuentan con todas las oportunidades que tienen la mayoría, y deben trasladarse a otros municipios para recibir clases especiales”. El proyecto de autoría del diputado Fabio López y del senador Walter Abán (Molinos-PJ), fue aprobado por unanimidad.
