“La crisis actual es el resultado de la insensibilidad del Estado, de décadas de falta de políticas para solucionar el problema habitacional.
En Salta hay 72 mil familias sin techo, no hay acceso al crédito bancario, desde 2014 la provincia no compra terrenos para loteos, el último barrio entregado por el IPV fue en 2018 y en 2019 no se incluyó ninguna nueva urbanización en el presupuesto y no había recursos para financiar la compra de lotes”, sostienen y agregan el detalle durante la gestión de Urtubey donde la asignación de recursos para viviendas fue cayendo y desde 2010 llegaba al 3,75% del presupuesto, en una provincia que en 2008 declaró la emergencia habitacional.
Asimismo, analizaron que “la pandemia agravó aún más la situación. Una de sus peores consecuencias es la crisis habitacional. Según una encuesta de la Federación Nacional de Inquilinos, ya en el mes de abril el 65% de los inquilinos de Salta no pudo pagar el alquiler y el decreto del Gobierno nacional que prohíbe los desalojos por falta de pago por seis meses no se está cumpliendo”. También lanzaron una dura crítica al presidente del IPV.
“Frente al sufrimiento de tantas familias sin techo exigimos una respuesta urgente. Que se aumente el presupuesto para viviendas, que se dispongan los recursos necesarios para la compra de terrenos, que se planifique una política habitacional”, sostienen
"A todo esto, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda sale a declarar muy suelto de cuerpo que no hay casas y no hay terrenos, es decir, no hay vistas de una solución a corto ni a mediano plazo y no hay esperanzas para los sin tierra. Lo que constituye, prácticamente, una negación del derecho a la vivienda".
"Frente a esta realidad, el gobierno criminaliza a las víctimas, porque los políticos saben cómo culpar a todo el mundo, excepto a ellos mismos, a pesar de que son los responsables, apoyados en esta sucia tarea por gran parte de los medios de comunicación que promueven la represión y tratan de instalar en la sociedad la idea de que los ocupas son delincuentes. Ante esto denunciamos que muchos periodistas, pagados por el gobierno, son voceros de una política y una mentalidad fascista".
"Frente al sufrimiento de tantas familias sin techo exigimos una respuesta urgente. Que se aumente el presupuesto para viviendas, que se dispongan los recursos necesarios para la compra de terrenos, que se planifique una política habitacional. Porque hasta ahora lo único que hizo el gobierno es mandar a reprimir asentamientos atestados de mujeres y niños", concluyen en su documento firmado por la Mesa de Derechos Humanos Salta.
El tema llegó al Concejo Deliberante
Ayer, en la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, en la parte de las declaraciones, el concejal Fernando Ruarte se refirió a lo expresado por parte del gobernador Sáenz en relación a que las tomas de terrenos fueron instigadas por la oposición política.
“Con ese fogoneo intentan minimizar la falta de acceso a un derecho fundamental como lo es la vivienda”, dijo y agregó que “no puede ser que cada vez que la gente exprese una necesidad, se le adjudique a la oposición la responsabilidad”.
