En los fundamentos que tiene el proyecto se indica que la prórroga "tiene por finalidad sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la provincia de Salta, cubriendo las necesidades ocasionadas por la emergencia económica nacional, y el cumplimiento impostergable de las obligaciones que requieren mayor atención".
Sofía Sierra, diputada del Pro, explicó que “desde 1990 la provincia está en emergencia económica. La ley inicial al 6583 fue dictada en el gobierno de Hernán Cornejo”.
La normativa fue prorrogada por el gobierno de Juan Carlos Romero y de Juan Manuel Urtubey.
Sierra insistió que no hay necesidad de prórroga puesto que hay cuestiones que ya no tienen asidero en la actualidad, como la ley de Promoción Económica, Frigorífico Arenales, de Promoción Industrial, Promoción Minera, Promoción Turística. Sumó el régimen de retiro voluntario y las privatizaciones. “Todo eso establecía la primera ley que hoy se sigue prorrogando”, afirmó.
Agregó que: "Escuchamos al ministro todo el año decir que por fin la provincia tiene los números en orden, entonces no entiendo de dónde sale la necesidad de prórroga”.
Sostuvo que: "Prorrogar, en estos términos, la emergencia económica, es faltar a las obligaciones que tenemos los legisladores de exigir la existencia de un plan de gobierno, velar por la vigencia de la Constitución y promover la normalidad y la previsibilidad, que son las bases del desarrollo".
La legisladora oranense Patricia Hucena fue la encargada de exponer el proyecto, se refirió a la crisis financiera que vive el país y a la deuda contraía con el Fondo Monetario Internacional. "Para lograr sus pagos se han fijado duras condiciones para la economía del país. La provincia no fue ajena a todos estos inconvenientes económicos, producto de ello, muchas de las necesidades no fueron cubiertas adecuadamente. Consideramos que es oportuno y prudente prorrogar esta emergencia económica y administrativa", afirmó.
Agregó que: "Esta ley nos protege de pagos extraordinarios. Nuestra provincia y este Gobierno en lo particular honra el pago de sus deudas, aunque fueron contraídas por gobiernos anteriores. Este Gobierno se dirige incluso a satisfacer ese interés legítimo fundamentado en la tutela del principio de la seguridad jurídica como un mecanismo que resguarda el estado de derecho de los salteños".
Cristina Fiore, de Ahora Salta, reclamó que el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, no fuera al recinto a explicar las razones de prorrogar la emergencia, puesto que días previos en reunión con legisladores de Capital por el presupuesto provincial 2023 habló del equilibrio en el que se encuentran las finanzas salteñas.
“Contaba (Dib Ashur) que durante el año en curso hay un presupuesto equilibrado en las finanzas. Durante el 2022 la obra pública fue la protagonista e incluso se logró cuadruplicar el nivel de obra que se tuvo durante el 2021. Habló de la proyección de la provincia en más de un 4%. Creemos que, frente a las bonanzas de las finanzas públicas, dichas por el propio ministro de Economía, no hay una situación de emergencia que amerite seguir dando facultades que van más allá de las ordinarias que tendría el gobernador y algunos de sus funcionarios”, apuntó Fiore.
