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POR INSTRUMENTO LEGAL PROPIO

Analizan aplicar la “extinción de dominio” en la provincia

Mientras a nivel nacional avanzan las gestiones para materializar el decomiso y uso de los bienes provenientes de delitos, como el narcotráfico, a través de un Decreto Nacional de Urgencia del gobierno nacional, en Salta evalúan la necesidad de establecer un régimen similar.

Salta se encuentra adherida desde enero del año 2014 a la desfederalización de drogas.

Sucede que el régimen previsto por el gobierno nacional solamente incluye a causas que se tramiten en la justicia federal y no los procesos penales que, por ejemplo, se llevan adelante en Salta a partir de la desfederalización de drogas, a la cual Salta se encuentra adherida desde enero del año 2014.

La necesidad de generar un instrumento legal propio para que la extinción de dominio llegue a la provincia con mayor impacto fue propuesta por el Procurador General, Pablo López Viñals, quien señaló el proyecto que el presidente, Mauricio Macri, presentó, el que pronto será tratado por el Congreso de la Nación, no contempla las causas provinciales.

López Viñals resaltó que el proyecto coloca a las provincias en una situación de desigualdad frente a la ley, pues el régimen impulsado por el gobierno nacional, solo tiene alcance a causas dentro de la justicia federal.

De esta manera, las provincias quedarían en una situación indefinida, pues las reformas que se propusieron impedirían la aplicación de la extinción de dominios, por ejemplo, para los bienes que hasta el momento se secuestraron en la provincia en materia de microtráfico.

El paso dado por Mendoza

En ese sentido, resaltó el paso dado por el gobierno de la provincia de Mendoza en los últimos días, donde el gobernador, Alfredo Cornejo, impulsa un régimen propio a través de un proyecto de ley que tiene como objetivo reformar el código procesal civil provincia y la Ley de Ministerio Público Fiscal a fin de que la extinción de dominio llegue a todas las causas provinciales.

López Viñals, quien preside también el Consejo Federal de Política Criminal, indicó que en el caso de Mendoza se advierte ya un proceso que tiende a equilibrar la aplicación de este instrumento, el cual tiene como fin principal el uso de los bienes provenientes de un accionar delictivo a partir del correspondiente decomiso.

La esencia del régimen, según se advierte en el DNU del gobierno nacional, apunta al uso de estos bienes a fin de que el órgano de persecución penal, en este caso el Ministerio Público Fiscal, sea dotado con todos los elementos necesarios que le permiten combatir el delito de igual a igual.

Por otra parte, cabe señalar que el artículo 5 de la Constitución Nacional, faculta a las provincias a establecer “una constitución para sí”, en la cual no solo se atengan a declaraciones y garantías de la carta magna nacional, sino también “asegure su administración de justicia”.

Esta norma, agregó, faculta a las provincias y sus gobiernos y legisladores a disponer los medios, a través de leyes o decretos, a fin de disponer todos los elementos necesario para establecer un eficaz servicio de administración de justicia.

En el caso de Salta, cabe señalar que desde la adhesión local al sistema de desfederalización, la provincia enfrentó la aplicación de la misma a partir de recursos provinciales, puesto que la Nación no remitió nunca los fondos correspondientes y dispuestos por ley.

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