El documento en cuestión, es crítico de la omisión de políticas públicas para terminar con el flagelo de la violencia de género, pero además apunta directamente al accionar de los estamentos judiciales ante situaciones que afrontan niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad.
En el documento indicaron que: “Creemos que resulta inadmisible el ya conocido ‘modus operandi’ que distintas instituciones vienen desarrollando para obstaculizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; por eso repudiamos: la falta de educación sexual integral en las escuelas de las provincias, la presencia de educación religiosa en las escuelas de las provincias, el accionar de las Asesorías de Incapaces frente a casos de abortos no punibles, la criminalizacion de las víctimas investigadas por fiscales en casos de falsas denuncias de los victimarios, la falta de políticas públicas acordes con la realidad social y económica, la falta de presupuesto para implementar las políticas públicas ya gestionadas, el ingreso y la permanencia en cargos de funcionarios denunciados por violencia de género”.
“Estamos en alerta y el Estado es responsable. No queremos una declaración de emergencia que signifique otra política pública sin asignación de presupuesto”, se sostiene en el documento.
