Tenemos que reportar 438 casos de transmisión comunitaria”, dijo Rodríguez en un contacto telefónico con la televisión pública VTV. “Llamamos nuevamente a la reflexión (...), la principal responsabilidad (de protegerse) es de cada ciudadano”, agregó.
De los casos comunitarios, 180 se detectaron en Caracas, 90 en el estado de Miranda y 79 en el amazónico estado de Bolívar, que limita con Brasil.
“En todo el Distrito Capital hay virus, eso nos llama a la reflexión profunda”, insistió Rodríguez. “Lo único efectivo para cortar las cadenas de transmisión es la cuarentena”, prosiguió.
Rodríguez también dijo que se detectaron 11 casos “internacionales”, 10 de ellos procedentes de Colombia, un país al que la funcionaria denominó como una “amenaza” sanitaria para Venezuela por causa del presunto “desorden” del Gobierno de Iván Duque en el tratamiento de la pandemia.
“Ya Venezuela tiene 3.857 casos positivos de Colombia en nuestro país, connacionales (venezolanos) que han regresado contagiados”, aseveró.
Con los números de este jueves, el total de contagios en Venezuela ascendió a 13.613 desde que se detectaron los primeros casos a mediados de marzo pasado.
Asimismo, Rodríguez informó de la muerte de 5 personas por la COVID-19 en las últimas 24 horas, una de ellas un hombre de 32 años en el estado de Zulia, donde hace semanas tenía lugar el peor brote de coronavirus del país.
Con ese dato, el número de fallecidos por el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, llegó a 129.
Venezuela atraviesa la semana 19 de una cuarentena diseñada para evitar los contagios, aunque en varias ocasiones ha sido flexibilizada para permitir un respiro a la economía, según admite su Gobierno.
Aun así, los casos se han elevado en las últimas semanas, un fenómeno del que Nicolás Maduro ha responsabilizado a mafias que relaciona con el Gobierno del presidente Iván Duque, y que según él introducen a venezolanos a través de pasos ilegales.
Como respuesta, el Ejecutivo ha advertido de que procesará a los venezolanos y extranjeros que ingresen al país de manera ilegal en aplicación de la ley contra el terrorismo, por lo que podrían ser condenados a penas de hasta 12 años de prisión.
