La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó ayer jueves el fallecimiento de un manifestante en las protestas del miércoles contra la eliminación de los subsidios a los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ascendiendo las muertes a un total de cinco desde el inicio de la protesta.
Una fuente de esa Institución confirmó que el manifestante fallecido es dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que participaba en las protestas en la capital ecuatoriana.
Según la Defensoría, el dirigente indígena falleció por un trauma crá-neoencefálico durante las protestas, que fueron repelidas por las fuerzas del orden con gran cantidad de gases lacrimógenos.
"Nada de diálogo con un gobierno asesino", proclamó Jaime Vargas, presidente de la Conaie. El dirigente, que llamó a "radicalizar las acciones" mediante bloqueos de vías y "tomas" de sedes públicas, habló frente a sus compañeros que se concentran en el ágora, un coliseo de Quito, adonde fueron llevados los restos de Inocencio Tucumbi, un líder muerto en las manifestaciones, según el gobierno a causa de una caída.
"¡Vamos a radicalizar con más fuerza, compañeros, y si tiene que denunciar y si tiene que matarme que me maten!", exclamó Vargas. De esa forma lanzó agua fría a la expectativa alimentada por el presidente Lenín Moreno frente a un posible arreglo con mediación de la Iglesia católica y Naciones Unidas.
Ecuador quedó así en el umbral de una nueva escalada en la crisis que, además de sumar víctimas, hundió en el caos a Quito e interrumpió el transporte de crudo por el principal ducto del país, con pérdidas millonarias.
La Defensoría del Pueblo registra cinco civiles muertos, 554 heridos y 929 detenidos en la primera semana de choques. El gobierno reporta 133 policías heridos.
Policías son liberados
Diez policías que habían sido capturados por los indígenas temprano, pero recobraron su libertad en la noche después de ser obligados a conducir el féretro con Tucumbi. De su lado, una autoridad dijo que detuvo a 17 extranjeros, la mayoría venezolanos, en el aeropuerto internacional de Quito con información sobre los desplazamientos de Moreno.
Esto confirma "todos los intereses que están detrás del caos en el país", dijo la ministra de Interior, María Paula Romo, en alusión a las denuncias del presidente sobre un supuesto complot para derrocarlo y que involucraría a su antecesor Rafael Correa y al mandatario venezolano Nicolás Maduro, quienes niegan los señalamientos.
En una rueda de prensa anoche, al término de la jornada de huelga nacional en la que participaron sindicatos, organizaciones sociales e indígenas, la ministra de Gobierno ecuatoriana señaló que “ninguna persona ha fallecido en un enfrentamiento con la Policía”.
En un escrito, la organización indígena apuntó que “con profundo dolor e indignación” comunican que por la “represión desmedida y brutal” del miércoles “existen cinco compañeros que perdieron la vida”.
“Nos encontramos en coordinación con diversas organizaciones de derechos humanos para continuar con los procesos necesarios y pertinentes para que este delito de lesa humanidad no quede en la impunidad”, reza el comunicado.
El pueblo ecuatoriano castigado
Los pueblos originarios encarnan el descontento social por las reformas económicas que impulsa Moreno en el marco de un programa -acordado con el FMI- de millonarios créditos destinados, según él, a salvar de la "debacle" a la dolarizada economía ecuatoriana tras años de "derroche, endeudamiento y corrupción" bajo el gobierno de Correa.
Entre los ajustes está la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina, lo que disparó las tarifas hasta en un 123%.
Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una escalada inflacionaria.
La Conaie se mantiene en asamblea en Quito y aunque no ha habido nuevas marchas, la fuerza pública reforzó los vallados cerca de la desocupada sede presidencial. "¡Vamos a la lucha porque esto nos afecta a nosotros, nos mata!", arengó Rosa Manobanda a sus compañeros en el coliseo.
Un periodista del canal Teleamazonas que cubría la concentración en el ágora fue agredido con una piedra cuando salió del coliseo entre insultos.
La organización indígena incluyó entre sus condiciones para el diálogo la renuncia de los ministros Romo y de Defensa, Oswaldo Jarrín, e insiste en pedir el fin de los ajustes.
Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público bajo el estado de excepción que impuso Moreno apenas comenzaron las protestas. El presidente movió la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, tradicional fortín de la derecha y donde miles se manifestaron el miércoles en rechazo a las protestas.
La crisis también suscita la preocupación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mientras Maduro saludó la "insurrección popular" contra el FMI.
Policía y militares, bastones del gobierno
Unos 74.000 militares y policías han sido desplegados en medio de esta crisis que castiga a la ya vapuleada economía ecuatoriana.
En la Amazonía la ocupación de pozos por manifestantes obligó a paralizar el transporte de petróleo a través del principal ducto, que bombea el 68% de la producción nacional (531.000 barriles por día).
Aun así, Moreno resiste respaldado por el mando militar, las gremios económicos más poderosos y la derecha política a la que se acercó después de romper con Correa, devenido en su mayor adversario político.