Esta realidad se percibe en localidades donde residen comunidades originarias y criollas. Esta situación se agravó con las medidas de aislamiento dictadas a partir de la pandemia por Covid 19.
En enero del 2020, el gobernador Gustavo Sáenz decretó la emergencia sanitaria ante los casos de muertes de niños por desnutrición. En febrero de ese año, interviene por primera vez la ONU.
El coordinador Residente de Naciones Unidas Argentina, Roberto Valent, y su equipo, entre el 23 y el 27 de agosto, recorrieron Orán, Tartagal, Embarcación y Santa Victoria Este, y se reunieron con autoridades gubernamentales, referentes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de comunidades indígenas para analizar los avances, desafíos y problemáticas de la zona, y para reforzar líneas de acción adecuadas del Plan de Respuesta Humanitario y continuar reduciendo los niveles de vulnerabilidad que afectan a las comunidades de la zona.
"En general lo que hemos visto es un contexto en el cual poblaciones indígenas pero también criollas viven en situación de pobreza extrema o indigencia. Las poblaciones indígenas nos han informado que se sienten profundamente discriminadas, no solo en el acceso a servicios y derechos básicos, pero también discriminadas por agentes del Estado en los ámbitos educativos, de salud y de seguridad," afirmó Valent.
Remarcó que: "El Estado ha desplegado importantes iniciativas y recursos para atender los impactos de la emergencia y prevenir la agudización de la seguridad alimentaria y de la falta de agua, sin embargo la dimensión de los problemas es tan importante que se sugiere la activación de un programa de atención socio económica con enfoque de derechos humanos y género que atienda a las necesidades insatisfechas, para que los derechos humanos de estas poblaciones estén en el centro de la respuesta y sean respetados y promovidos"
Afirmó que esta iniciativa estratégica debería ser liderada por el Estado y construida conjuntamente con las poblaciones afectadas indígenas, campesinas o rurales, especialmente niños, niñas y mujeres. "No se trata solo de una deuda histórica, sino de un imperativo ético, a fin que el esfuerzo contribuya a no dejar a nadie atrás. Asimismo, se apela a la comunidad internacional presente en Argentina, en el ámbito humanitario y de desarrollo, a prestar especial atención a esta situación y acompañar al Estado y sociedad argentina para atacar estas desigualdades estructurales profundas", dijo.
El informe de Naciones Unidas menciona que para los pueblos indígenas de la zona, los servicios públicos constituyen la única opción de accesibilidad en materia sanitaria, los cuales por la problemática son insuficientes e inadecuados, presentando un progresivo deterioro de programas de salud rural. Históricamente existe una débil presencia estatal. En los tres departamentos viven más de 350 comunidades indígenas en condiciones de extrema pobreza, sin mayores posibilidades de empleo ni medios de vida sostenibles, dependientes de programas sociales que no cubren todas sus necesidades básicas ni a todas las personas que requieren de asistencia social, con viviendas precarias, sin acceso a agua segura ni saneamiento, y con limitaciones de acceso a los servicios de salud.
Existen barreras de cultura e idioma respecto a los funcionarios estatales, en especial por parte de las mujeres. Hay además barreras físicas por la distancia y la inaccesibilidad de los caminos de tierra que en épocas de lluvia que aíslan a muchos parajes rurales. Estas condiciones profundizan la desigualdad y la exclusión social, siendo los pueblos originarios los más afectados.
Naciones Unidas advierte que a la par de la distribución de agua, es clave avanzar en soluciones permanentes en materia de agua, saneamiento e higiene, realizar intervenciones urgentes en atención al prolongado período de sequía. En este contexto, se ofreció la articulación y dialogo con el Gobierno nacional para generar soluciones a largo plazo.
Las comunidades manifestaron la recurrente discriminación y violencia que sufren en los servicios públicos, como salud, educación y seguridad. Remarcan un elevado nivel de prejuicios entre la población, que da cuenta de la existencia de estigmatizaciones y estereotipos sobre las poblaciones indígenas, sin percibirlas como titulares de derechos.
“Acelerar el proceso de titulación de tierras, focalizar en políticas de desarrollo económico local, con participación de los pueblos indígenas y posibilidades de empleo, entre otras, podrían ser claves para modificar esta situación”, indica el informe.
