Ayer domingo, tras 11 días de protestas contra el 'paquetazo', el Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena acordaron dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo 883, que elimina el subsidio a los combustibles.
El anuncio de un acuerdo rompió el rígido silencio del toque de queda que reinaba en las calles de Quito y desató el festejo. Miles de ecuatorianos salieron a las calles a festejar el triunfo, muchos de ellos con sus niños en pijama y sus bebés en brazos. Familias enteras tomaron las calles, mientras en el parque del Arbolito, epicentro de los disturbios en la capital.
Las partes, tras un diálogo entablado la tarde de este 13 de octubre, con mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, resolvieron establecer una comisión para crear un nuevo decreto.
"Ha triunfado la sensatez, la pasión y la decisión de vivir en paz", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Gerardo Cabrera.
Arnaud Peral, coordinador residente de la ONU en Ecuador, señaló, por su parte, que la comisión para la creación del nuevo decreto comienza su trabajo "ahora mismo, no mañana ni pasado", tras finalizar las declaraciones públicas.
El secretario particular del presidente de la República, Juan Sebastián Roldán, señaló que el nuevo documento debe garantizar "que los contrabandistas no se enriquezcan más y que los ricos no se llenen de dinero con los subsidios que no les corresponden".
Se levantan las movilizaciones
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, anunció que se levantan las movilizaciones antigubernamentales en todo el territorio. "Reconocemos la valentía de hombres y mujeres que salimos a nuestras calles; creo que es el único camino de buscar vías importantes para un verdadero desarrollo del país", enfatizó.
Vargas aprovechó el momento para solicitar nuevamente la remoción de sus cargos a la ministra del Interior, María Paula Romo, y al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, por la represión policial y militar ejercida durante las manifestaciones, con clara "violación a los derechos humanos".
Batallas campales hasta ayer
Hoy mismo, el Parque del Arbolito, epicentro de la oposición al paquetazo, fue escenario de la enésima batalla campal justo antes de la reunión entre las partes. El mandatario había declarado el estado de excepción y el sábado dispuso la militarización y el toque de queda en el distrito metropolitano de Quito. Los 12 días de protestas dejan al menos cinco muertos, según el recuento de la Defensoría del Pueblo.
"¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!", exclamó Moreno a través de las redes sociales. Él y todo su entorno insistieron en responsabilizar al expresidente Rafael Correa e incluso al régimen chavista del caos provocado por grupos de manifestantes, que llegaron a quemar la sede de la Contraloría, máximo órgano de control fiscal, protagonizaron episodios de vandalismo.
Sin embargo, decenas de miles de indígenas, que el miércoles llegaron a la capital para liderar un paro nacional, vertebraron una movilización eminentemente pacífica. Jaime Vargas, presidente de la Conaie, también confirmó que se levantan las protestas. Después del anuncio, cientos de personas salieron a celebrar en las proximidades de la Asamblea Nacional.
El hecho de que el Gobierno presente un nuevo decreto para sustituir al 883 no significa necesariamente que vaya a aparcar todos los ajustes que planeaba. Esos recortes fueron aplaudidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en febrero concedió a Ecuador un préstamo de 4.200 millones de dólares. Moreno, por ejemplo propuso el sábado un bono un bono de 20 dólares mensuales por trabajador que correría a cargo de las empresas privadas.
El pulso entre los pueblos indígenas -que representan a cerca del 8% de la población- y las autoridades no se libró solo en la calle. En los últimos días hubo intentos de acercamiento que quedaron finalmente frustrados.
La organización tildó de "fantochada" la oferta inicial de Moreno, quien el lunes tomó la discutida decisión de desplazar la sede del Ejecutivo a Guayaquil, segunda ciudad del país. El presidente acabó regresando a la capital y junto a los dirigentes comunitarios ensayó una negociación con la mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal, que al término de la reunión fijó una segunda cita para el martes.
El acuerdo fue anunciado casi por sorpresa, ya que en la primera parte de la mesa de diálogo las posiciones estaban muy enfrentadas y Vargas advirtió de que solo aceptaría una derogación del decreto. Los indígenas han demostrado tener capacidad para obligar al Gobierno a rectificar, mientras que el mandatario exhibió el acuerdo como una victoria política, ya que pone fin a las protestas más descontroladas de los últimos años.
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