“Estamos frente a un momento histórico”, fueron las palabras de la ministra vocera de Gobierno de Chile, Karla Rubilar, ratificando la intención del presidente Sebastián Piñera: Chile tendrá una nueva Constitución. Tras el anuncio la política respalda la reforma constitucional de Piñera, pero la calle sigue encendida.
Consultada sobre el mecanismo e itinerario constitucional, la ministra señaló que será el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien conversará con los actores políticos de la oposición para acordar el procedimiento. Conforme a la constitución en vigencia, el poder constituyente reside en el Congreso, razón por la que el Gobierno debe acordar con éste si se opta por una vía alternativa.
“La Asamblea no es el camino”
“Creemos firmemente en que el Congreso es el camino de avanzar en una unión que permita llegar a un gran acuerdo. Nuestro camino no es la Asamblea Constituyente, pero entendemos que el Congreso y este proceso de nueva Constitución debe ser con participación activa”, dijo Rubilar.
“Creemos en la participación activa y en generar mecanismos de participación para que los ciudadanos puedan opinar y decidir cuál es nuestro nuevo marco”, añadió, pero no hizo precisiones.
La Constitución actual no establece cuál es el mecanismo para escribir un texto que la reemplace, pero para reformarla parcial o totalmente el gobierno debe enviar un proyecto al Congreso, donde necesita altas votaciones para avanzar.
La actual Constitución, vigente desde 1980, ha tenido más de 200 modificaciones en más de 40 artículos, según dijo Piñera en una entrevista el sábado al diario El Mercurio.
Las protestas no ceden
El giro del gobierno de Sebastián Piñera para iniciar un proceso de reforma de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet no convenció a todos los dirigentes políticos ni logró acallar las protestas sociales que entraron en su cuarta semana.
Miles de trabajadores de la educación marcharon por la céntrica avenida Alameda, mientras que centenares de ciudadanos tomaron terrenos y bloquearon calles en la comuna de Peñalolén, en el este de Santiago, para exigir viviendas sociales. Además, manifestantes de la salud y profesores entraron a los patios de la sede del Congreso.
Para este martes, un centenar de organizaciones llamaron a paralizar el país.
Las manifestaciones no ceden pese al giro que dio el domingo Piñera al anunciar su voluntad de empezar un proceso para redactar una nueva Constitución a través de un “Congreso Constituyente”, con amplia participación ciudadana y un plebiscito que lo ratifique.
La actual Carta Magna, vigente desde 1980, tuvo más de 200 modificaciones en más de 40 artículos. El texto no reconoce, sin embargo, la responsabilidad del Estado de ofrecer como un derecho la educación y la salud, dos de las exigencias de los millones de chilenos que están en las calles manifestándose desde el pasado 18 de octubre.
“Si bien es cierto que el Gobierno reaccionó tarde, es un tremendo paso”, dijo el opositor presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores.
“La mayoría de los demócratas tenemos que estar de acuerdo con esta fórmula”, afirmó de su lado Mario Desbordees, el presidente del partido oficialista Renovación Nacional.
Por su parte, el excandidato presidencial de la centroizquierda, Alejandro Guillier, afirmó que la propuesta llegó “demasiado tarde” y planteó la necesidad de convocar a elecciones anticipadas. “La posibilidad de construir un nuevo Chile requiere que usted llame a elecciones anticipadas de presidente de la República y la totalidad del Congreso Nacional”, tuiteó.
El politólogo Claudio Fuentes, profesor de la universidad Diego Portales, dijo que “la estrategia del gobierno es abrir la discusión de cuál es el mejor mecanismo y seguramente van a defender una figura derivada que sean representantes, como congresistas, los que participen activamente en el debate de la nueva Constitución”.
Hoy, el gobierno chileno enfatizó que la instalación de una Asamblea Constituyente no es el camino que promoverá para escribir una nueva carta magna, sino que impulsará un proceso a través del Congreso junto a participación de la ciudadanía, aunque no definió pasos concretos.
La crisis, sin precedentes desde el retorno a la democracia, ha dejado 20 muertos, más de 2.000 heridos, denuncias de tortura y abusos.
Hoy el gobierno invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una visita al país destinada a observar la situación de los derechos humanos.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, encabezado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, envió también una misión a Chile para investigar las denuncias.