La Corte Electoral de Uruguay con el 100% de los votos escrutados, revelan una diferencia mínima entre el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou y el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez. El primero tiene la ventaja.
Ante lo ajustado del resultado, la Corte Electoral dijo que habrá que esperar hasta el viernes para saber el resultado final. La razón es que la diferencia es de 28.666 votos mientras hay unos 35.229 votos observados.
La votación en segunda vuelta electoral de este domingo en Uruguay culminó a 19H30 (hora local) con el cierre de las casillas electorales, mientras que se registró una participación del 90 por ciento de los habilitados.
Más de 2.6 millones de uruguayos fueron habilitados para sufragar en los 7.100 circuitos del país. El voto es de carácter obligatorio y podían participar ciudadanos desde los 18 años.
Mariana Pomiés, socia de CIFRA, aseguró por su parte, y en declaraciones a medios locales que el resultado es “muy ajustado” y calificó la elección como “un poco sorprendente”.
De confirmarse estas tendencias, el postulante del Partido Nacional se impondría como presidente, terminando con 15 años de Gobierno del Frente Amplio. Sin embargo, debido a la estrecha diferencia que se marcaba, aún con un porcentaje amplio de mesas escrutadas, tanto los periodistas especializados, como los militantes del Frente Amplio, hablaban de un “empate técnico”.
El triunfo de Lacalle Pou representaría un baldazo de agua fría para las fuerzas centro izquierdistas de Latinoamérica, que tras el triunfo de Alberto Fernández, se ilusionaban con el retorno del progresismo regional. No obstante, los conflictos acontecidos en Bolivia, con la salida de Evo Morales, fue el primer cimbronazo para esas intenciones.
Hacia la otra vereda, la victoria del Partido Nacional, representaría una bocanada de aire fresco para los representantes de derecha de Latinoamérica como Sebastián Piñera en Chile y Jair Bolsonaro en Brasil.
Luego de tres mandatos consecutivos, el Frente Amplio pugna por mantenerse en el Gobierno al que llegó en 2005. Pero con un desempleo del 9,5%, una economía estancada con un persistente déficit fiscal del 4,9% del PIB, y un aumento del 45% en el número de homicidios entre 2017 y 2018, en un país considerado seguro en el contexto latinoamericano, Uruguay de esta manera estaría cambiando de signo político.
