LAS ORGANIZACIONES CIDH Y AMNISTÍA

Condena internacional a la represión y muertes en protestas en Bolivia

Cuando desde el 20 de octubre suman al menos unas 30 personas muertas, 715 personas heridas y otras miles de personas detenidas, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, condenaron los abusos y la represión militar y policial por las protestas en Bolivia.

La cruenta represión fue en Senkata, en El Alto, donde los muertos en manos de los militares se suman día a día.
La cruenta represión fue en Senkata, en El Alto, donde los muertos en manos de los militares se suman día a día.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes el uso de la fuerza de policías y militares  por parte del Gobierno de facto de Bolivia para reprimir manifestaciones populares a favor del presidente Evo Morales.

La CIDH anunció que realizará una visita urgente a Bolivia, entre el 22 y 25 de noviembre, frente a lo que describió como el "riesgo de impunidad para violaciones de DD.HH."

De acuerdo al comunicado emitido por la Comisión condena el uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas e instó al Gobierno de facto a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad.

La CIDH constató que desde el Golpe de estado al presidente Evo Morales "la fuerte respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad, con la utilización de armas de fuego, ha generado un incremento en el número de personas muertas y heridas".

Además, advirtió, que resultan de "particular preocupación"  por la actuación de las fuerzas de seguridad para controlar el orden público, "sin que haya adecuado sustento legal".

En el texto la Comisión planteó su preocupación  por el Decreto Supremo 4078 que "pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para restablecimiento del orden interno y estabilidad del orden público".

Para la CIDH son "inadmisibles" las disposiciones de amnistía y de prescripción para impedir la investigación y sanción de responsables de violaciones de derechos humanos durante las protestas.

La Comisión reclamó al Gobierno de facto "garantizar el derecho a la reunión pacífica (…) preservar la vida e integridad de sus habitantes (…) garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos".

La CIDH citó información pública según la cual desde el 20 de octubre fallecieron 23 personas "en el contexto de la violencia social poselectoral", 715 personas habrían sido heridas y otras 624 personas habrían sido detenidas.

En el contexto de la represión militar y policial este martes se presentó un nuevo episodio en los alrededores de la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata, de la ciudad de El Alto, en donde fallecieron al menos tres personas y más de 30 resultaron heridos.

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El pedido de Amnistía Internacional

El decreto del nuevo gobierno de Bolivia que “promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas debe ser derogado inmediatamente”, y la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez “tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas”, advirtió Amnistía Internacional (AI).

“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo”, declaró en un comunicado la directora para América Latina de AI, Erika Guevara Rosas. Añadió que: “Los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos”.

Añadió que Áñez, “quien se proclamara presidenta interina, tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas ante mecanismos nacionales e internacionales”.

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Entre 3 a 6 muertos más por la represión

Mientras en nombre del “diálogo y la paz” se suspendía la sesión de la Asamblea Legislativa para tratar la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, la represión que las fuerzas armadas ejercieron sobre los manifestantes en una planta de hidrocarburos en  Senkata, en El Alto, agregó entre tres a seis muertos más a la lista negra de más de una veintena de bolivianos fallecidos.

"Aquí nos están matando como a perros, como a un animal", dijo Silverio, un residente local, quien tiene a su cuñado en urgencias debatiéndose entre la vida y la muerte y "ha visto con sus propios ojos" cómo disparaban contra los manifestantes.

El hombre recrimina al gobierno en transición la brutal represión: "Nos matan. Lo he visto con mis propios ojos. Nos han disparado".

"Han sacado combustible, a fuerza de bala, gases y con una fuerza increíble", relató, por su parte, otro manifestante. 

"Nos han pisoteado nuestra dignidad como indígenas originarios", señaló una mujer.

Tras las primeras señales de desabastecimiento de combustible y gas en La Paz, una operación conjunta de militares y policías reprimió ayer martes a los manifestantes que habían tomado la planta de gas de Senkata, en El Alto, en protesta al gobierno de facto.

La represión dejó un saldo de al menos tres muertos y decenas de heridos, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, mientras que el gobierno de facto logró su objetivo y desde la planta de gas salió la primera caravana de camiones cisterna con destino a la Capital. Las víctimas fatales son: David Cusi, Edwin Paniagua y otra persona no identificada.

Todos muertos producto de impactos de arma de fuego. También se reportaron unos 30 heridos. “Exigimos al Ministerio Público el esclarecimiento de los casos”, reclamaron desde la Defensoría de ese país.

Los agentes de seguridad dispararon granadas de gas lacrimógeno para despejar el camino hacia Senkata, pese a que los manifestantes aseguraron que accedieron a permitir el paso de la caravana.

Asisgnan más recursos a militares

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, le pidió a su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que evalúe los daños sufridos en las sedes policiales desde el inicio de las protestas.

“He instruido al ministro de Gobierno que realice una evaluación y cuantificación de las pérdidas y destrucción de los equipos y dependencias de nuestras fuerzas policiales durante las manifestaciones para poder iniciar su recuperación, y puedan continuar con su servicio a Bolivia”, anunció Áñez en un mensaje en su cuenta de la red Twitter.

Suspensión de la Asamblea

El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del renunciante presidente de Bolivia Evo Morales, suspendió ayer la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con el objetivo de “contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la pacificación del país”.

La Asamblea informó la decisión a través de un comunicado, en el que señaló: “Se comunica a las senadoras, senadores, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que la décima tercera sesión ordinaria de la Asamblea, convocada para el martes 19 de noviembre, a horas 18:30, será suspendida a efectos de crear y contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la consiguiente pacificación de país”. 

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