Navajas fue enviado a prisión preventiva por tres meses en una cárcel de La Paz, explicó a los periodistas el fiscal Ruddy Terrazas, según consigna el diario paceño Página Siete y la agencia EFE.
La decisión fue tomada por el juez Hugo Huacani, quien había sido detenido el viernes, acusado de "prevaricato" en otra causa, cuando iba a interrogar a los cinco implicados, pero fue liberado por un tribunal de garantías constitucionales que rechazó la acusación. Repuesto en sus funciones, el magistrado dio inicio a una audiencia de caso diez horas, que terminó en la madrugada de ayer.
El fiscal detalló que la prisión preventiva también fue decretada para el ex director de Asuntos Jurídicos de esa cartera de Estado, Fernando Valenzuela; el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, y el denominado "testigo clave", Fernando Humérez, quienes fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pedro por la compra con sobreprecio de 170 respiradores.
Además, una ex funcionaria de esa agencia estatal y una consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la compra, fueron enviadas a arresto domiciliario por seis meses.
Caros e inútiles para la crisis
La abogada del exministro Navajas, Rosario Canedo, consideró injusta y arbitraria la decisión del juez, por "falta de seguridad jurídica" en un proceso que calificó de politizado, además de advertir del riesgo en prisión para Navajas, de 62 años y que padece una enfermedad crónica del corazón.
El contrato para la compra es cuestionado por el costo pagado, algo más de 27.000 dólares por respirador, tras haberse firmado en un tiempo récord de cuatro días pese a las advertencias de varios funcionarios de posibles irregularidades. Además, expertos han señalado que los aparatos no sirven para enfrentar la emergencia, pues no son aptos para tratamientos intensivos.
La cancillería boliviana llamó al cónsul del país en Barcelona, David Alberto Pareja, para que informe si intervino en la compra, que está financiada por el BID con unos cinco millones de dólares. El caso es, a la fecha, el mayor escándalo de corrupción en los cerca de seis meses que lleva Jeanine Áñez en el poder de forma interina.
