La Cámara de Derechos Sociales e Inspección de Actos Administrativos del ministerio público quiere que el ministro interino Salud, el general Eduardo Pazuello, proporcione en 72 horas detalles sobre la decisión de dejar de poner a disposición el número total de víctimas infectadas y fatales por coronavirus en Brasil, informó O Globo.
El viernes, el Gobierno de Bolsonaro cambió la metodología en el recuento de afectados por COVID-19 en el país, lo que facilitó reducir de más de 1.000 a 904 los fallecidos en 24 horas pese a la clara tendencia ascendente de la curva en la nación sudamericana.
Los fiscales buscan así indicios de actos ilícitos por posible incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información que obliga a la transparencia a las administraciones públicas y posibles delitos de omisión o improbidad administrativa, señaló el diario Estadão.
En paralelo, la Defensoría Pública de la Unión presentó ante los tribunales de San Pablo una petición para que el Gobierno presente los datos de todo Brasil. Además varios diputados opositores amenazaron con iniciar acciones ante el Supremo Tribunal Federal (STF).
El cambio consiste concretamente en contabilizar los fallecidos y contagios detectados en las últimas 24 horas, sin incluir el acumulado de casos anteriores.
Bolsonaro justificó en una nota difundida en redes sociales que el formato de recuento empleado por el Ministerio de Salud desde el inicio de la epidemia por coronavirus no ofrece una representación del "momento del país".
"No informar significa que el Estado es más nocivo que el virus", dijo el exministro de Salud Luiz Henrique Mandetta en una transmisión en redes sociales, afirmando además que el apagón informativo favorecerá la proliferación de fake news.
Brasil es el tercer país del mundo por número de muertes con 35.930 decesos acumulados, mientras que hay 672.846 casos confirmados de contagio.
