Su investigación derivó en un tsunami institucional y económico que consiguió destituir a Dilma Rousseff en 2016, detener e inhabilitar como candidato al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y alimentar la ola de ultraderecha que llevó a la presidencia en 2018 a Jair Bolsonaro.
La decisión se conoce justamente cuando el Supremo Tribunal Federal tiene que decidir la imparcialidad de los fiscales de Lava Jato y el exjuez de la causa, Sérgio Moro, en las condenas contra Lula. La revelación de chats entre el magistrado y los fiscales parece indicar que manipularon la investigación para perjudicar al exmandatario, un caso que el Partido de los Trabajadores (PT) calificó como 'lawfare'.
La disolución del equipo especial de Lava Jato había sido decidida en diciembre por el fiscal general designado por Bolsonaro, Augusto Aras, y fue ejecutada a partir de febrero, según un comunicado divulgado este miércoles por el Ministerio Público Federal de Curitiba, la capital del estado sureño de Paraná, fronterizo con Misiones.
En el texto, el Ministerio Público de Curitiba informó que sus integrantes pasarán a formar parte de un grupo contra el crimen organizado, que heredará casos de la ya extinta Lava Jato."El equipo especial de Paraná deja de existir", concluyó el comunicado.
Según el Ministerio Público, fueron recuperados 4.300 millones de reales (unos 805 millones de dólares) por acuerdos de lenidad (devolución por parte de las empresas) y dinero de corrupción, sobre todo por parte de las mayores constructoras del país, como Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, que confesaron sobrefacturaciones en contratos con Petrobras, luego de haber pagado sobornos a funcionarios y financiado ilegalmente campañas. La operación judicial de Lava Jato condenó a 174 personas, entre ellos dos veces a Lula, a su exjefe de gabinete José Dirceu y al exministro de Economía Antonio Palocci, al exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral y al exdiputado Eduardo Cunha, quien abrió el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff.
